Miles de pesqueros extranjeros sitiaron la zona del frente del Mar Argentino y la someten a la depredación de los recursos marítimos. Según un monitoreo realizado por Greenpeace, hay 470 buques, coreanos, españoles y, en su mayoría chinos; que se encuentran en aguas internacionales frente a la Patagonia, utilizan métodos de explotación no sustentables, que destruyen la fauna y flora local.
Los barcos se encuentran en el Agujero Azul, un oasis de biodiversidad oceánica localizado en el Mar Argentino, de donde se actualmente se extraen calamares y otras especies en apenas 5.000 kilómetros cuadrados. El Agujero Azul está ubicado donde termina la plataforma continental argentina y comienza el talud. Como allí están las profundidades más grandes, la zona es considerada como un gran “vivero” marino.
La cantidad de estos «depredadores voraces» supera el volumen autorizado por la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, pero en esa zona ya no hay ley nacional ni global que pueda combatir la depredación de superficie y de fondos. Además, el Gobierno no cuenta con los recursos necesarios para combatir esta problemática, una situación similar a la que sucedió en Ecuador.
En ese país, el presidente Lenín Moreno debió hacer un llamado internacional para luchar contra los pesqueros ilegales que amenazaban con la biodiversidad de las islas Galápagos, «un semillero de vida, no sólo para Ecuador sino para el planeta entero, para la biodiversidad y la seguridad alimentaria».
¿Por qué la presencia de estos barcos resulta tan preocupante? Los pesqueros utilizan técnicas de pesca altamente cuestionables, por ejemplo la denominada «pesca de arrastre», que consiste en utilizar grandes redes del tamaño de estadios de fútbol atadas a cadenas. Estas llegan hasta el fondo y se llevan todo lo que encuentran a su paso, sin respetar la evolución del recurso, la presencia de especies protegidas y el bosque subacuático.
Pesca ilegal: todo el día, todos los días
El dato que más alarma a Greenpeace es que los barcos extranjeros están acompañados por cuatro buques petroleros y ocho buques frigoríficos, que reciben las capturas directamente de los pesqueros para transportarlas al país de destino final, sin pasar por ningún control.
Referentes de la organización ambientalista detallaron al diario Clarín que que eso les provee a las embarcaciones de un sistema que les permite operar las 24 horas: se pueden abastecer de combustible y entregar lo que pesca en alta mar. El grave problema en este formato de explotación es que no hay control de lo que extraen porque se hace en zonas sin ley.
Otro de los aspectos, ya de caracter internacional, es el trato de las empresas y los estados a los trabajadores en alta mar, ya que se trata de un agujero legal en el que muchas veces se denuncian abusos a los derechos humanos.
La acción gubernamental contra las amenazas pesqueras
En los últimos meses, el Gobierno hizo una demostración de presencia en las aguas nacionales. Reforzó las multas para la pesca ilegal, que con un discurso que la mayoría de las veces apunta al conflicto de soberanía por las Malvinas -de hecho se suspendió la comisión de cooperación en el Atlántico Sur con los británicos- pero en los hechos el verdadero problema se encuentra frente a las aguas patagónicas, de donde buques extranjeros se llevan el calamar y la merluza a diestra y siniestra.
Tanto el Ministerio de Seguridad como el de Defensa anunciaron mayores controles. En el caso de la cartera dirigida por Agustín Rossi, también se acaba de crear un Comando Marítimo para combatir los ilícitos.
Además, en la Cámara de Diputados hay un proyecto de ley que busca la posibilidad de legislar y proteger la plataforma continental extendida recientemente por Naciones Unidas, pero deberá conjuntar con los intereses y los acuerdos que se firmen con países fuertes como China.
“Complementario con este tratado, el cual Argentina ha estado impulsando y liderando en este sentido a los países de la región, existe un proyecto de ley para la Creación de un Área Marina Protegida Bentónica en el Agujero Azul, la cual sería una primera medida para asegurar la protección del Mar Argentino, su rica biodiversidad y sus ecosistemas. La sanción de esta ley está pura y exclusivamente en manos de nuestros legisladores” afirmó Luisina Vueso, coordinadora de la campaña por la protección del Mar Argentino de la organización ambientalista internacional Greenpeace.
Vueso comentó que hace varios años las organizaciones ambientales impulsan un Tratado Global por los Océanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU), que en agosto próximo tendrá su última reunión de negociación. El tratado permitiría la creación de santuarios marinos en aguas internacionales para proteger estos ecosistemas vulnerables que han sido devastados por la sobreexplotación.
China encabeza la lista de países depredadores, con una flotilla de entre 300 y 600 barcos, acusados de arrasar con los recursos ictícolas, sin permisos ni control de ningún tipo, desde México hasta Chile, pasando por las Islas Galápagos, las costas peruanas y el Mar Argentino, ubicado al este de la Patagonia
