Alberto Fernández prepara una línea de crédito subsidiado para abogados, arquitectos, dentistas y contadores que sufren la crisis del coronavirus
Alberto Fernández apura la creación de una línea de crédito blando y subsidiado para las categorías C y D del Monotributo que incluye -en su mayoría- a trabajadores independientes como abogados, dentistas, contadores y arquitectos.
El Presidente ya desplegó una batería de medidas para aliviar la situación económica de la clase media y ahora pretende que este instrumento financiero pueda cerrar una línea de defensa de las profesiones liberales que sufren la asfixia de ingresos causada por la extensión necesaria de la cuarentena obligatoria.
Es probable que el confinamiento se extienda en mayo, y es un hecho cierto e indubitable que los estudios y consultorios profesionales seguirán cerrados por su capacidad para extender el contagio de la plaga. Entonces, desde esta perspectiva, el Presidente resolvió otorgar una línea de crédito especial para abogados, dentistas, contadores y arquitectos -entre otros- que ya no tienen recursos para solventar sus costos mensuales.
Alberto Fernández designó a Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete, y Matías Kulfas, ministro de la Producción, para redactar la iniciativa que intenta alivianar la presión económica que sufren ciertas actividades profesionales como consecuencia del confinamiento. Este equipo gubernamental ya tiene un borrador que se trabajó ayer y el viernes en la quinta de Olivos.
Borrador del proyecto:
- Serán beneficiarios los contribuyentes de las categorías C y D del Monotributo, pero la adhesión no será automática: se busca ayudar a los profesionales con ingresos bajos y medios, y no a los grandes estudios que tienen capacidad económica y financiera para resolver los gastos cotidianos, rutinarios y mensuales.
- Será una línea de crédito que tendrá un monto de 60.000 a 80.000 pesos por mes.
- La tasa será subsidiada -por debajo del 24 por ciento prevista para las pymes-.
- El crédito se toma a un año, y los beneficiarios tendrán seis meses de gracia para iniciar su cancelación.
