Allanamientos en Nordelta por empresario vinculado a Chapo Guzmán
Ocho allanamientos fueron realizados ayer en el complejo Nordelta, ubicado en el partido bonaerense de Tigre, en el marco de una causa por un millonario lavado de narcodólares proveniente del cartel mexicano de Sinaloa, liderado por Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Los tentáculos del Chapo Guzmán en Argentina. Secuestro de activos de narcolavado con @PFAOficial 8 allanamientos en #Nordelta pic.twitter.com/YcbxtCmrrP
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 14, 2017
«En Nordelta dimos un gran golpe contra el lavado de activos tras 8 allanamientos con @PFAOficial. Este resultado se desprende de las 2 toneladas de cocaína líquida incautadas en su momento. Droga que iba dirigida al cártel del Chapo Guzmán en México», tuiteó esta anoche la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Por su parte, una fuente indicó que en los operativos se decomisaron un yate que se encontró en la marina de Nordelta, dos autos, motos de alta cilindrada y documentación vinculada a la causa y también una avioneta que fue hallada cerca de allí, en el aeropuerto de la vecina localidad de San Fernando.
En #Nordelta dimos un gran golpe contra el lavado de activos tras 8 allanamientos con @PFAOficial. Este resultado se desprende de las 2 toneladas de cocaina líquida incautadas en su momento. Droga que iba dirigida al cártel del Chapo Guzmán en México.
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 14, 2017
Los allanamientos, ordenados por el juez federal de Campana Adrián González Charavay, se efectuaron en los barrios Los Sauces, Cabos del Lago, Los Lagos, Los Miradores de la Bahía, todos de Nordelta, y también en la ciudad de Buenos Aires.
Uno de los operativos fue en el lote 351 de Los Sauces, donde tiempo atrás vivió un familiar del financista Federico Elaskar, procesado en el marco de la causa conocida como «La Ruta del dinero K».
González Charvay investiga a cuatro imputados en la causa, quienes aparentemente simulaban servicios vinculados al rubro aeronáutico para justificar la salida fraudulenta de dinero al exterior y habrían encubierto a través de firmas «fantasmas» la compra de propiedades con dinero proveniente del narcotráfico.
La firma Nordelta S.A. y la Asociación Vecinal Nordelta (AVN), informaron en un comunicado de prensa que «desde el momento en que se iniciaron los procedimientos, se puso a disposición de las autoridades pertinentes toda la información solicitada, tal cual se viene haciendo en todas las ocasiones que fueron requeridas»
«En este sentido, la colaboración con la Justicia y organismos de seguridad es permanente, y debido a esta contribución, en los últimos años se pudieron realizar importantes avances en diferentes causas judiciales», agregaron.
Inicios de la investigación
La causa por lavado de activos es un desprendimiento de otra iniciada en 2014, cuando el 22 de abril de ese año en el puerto Progreso de Mérida, México, se descubrió un cargamento de dos toneladas de cocaína líquida oculta en dos transformadores eléctricos trifásicos de 1.600 y 2.000 KVA.
Estos equipos, que habían sido despachados desde el puerto bonaerense de Dock Sud y tenían como destino final la ciudad mexicana de Puebla, se encontraban dentro de un contenedor a bordo del buque MSC Michaela que llegó a la zona aduanera.
Esta droga, diluida en aceite dieléctrico, había sido enviada por una banda narco integrada por ciudadanos argentinos y mexicanos que operaba a gran escala y hacia el extranjero desde junio de 2012.
Esta parte de la investigación estuvo a cargo de la jueza federal 1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien viajó a México para encabezar las diligencias y convencer a las autoridades aduaneras locales que inspeccionaran en detalle el contenedor a pesar de que los escáneres no habían detectado drogas.
Finalmente, la Justicia mexicana permitió abrir la carga, sometieron el líquido a sofisticados narcotests y comprobaron que había una gran cantidad de cocaína, valuada en cerca de 40 millones de dólares.
En noviembre de 2016, por ese envío de drogas, se condenó a 12 años de prisión al ingeniero mexicano César Cornejo Miranda (46), quien habría sido enviado al país por el cartel de Sinaloa para encargarse de diluir la droga.
Los otros condenados, ambos argentinos, fueron el empresario Matías Faubel (42), que recibió 9 años de cárcel; y Maximiliano Larre (34), a quien le impusieron 5 años y medio.
