Allanaron la Municipalidad de Avellaneda por supuestos desvíos de fondos
El juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, ordenó el allanamiento de la municipalidad de Avellaneda a cargo de Jorge Ferraresi, y el operativo tuvo lugar esta mañana con el objetivo de encontrar documentación que acredite presuntas maniobras ilegales de empleados de la intendencia en el marco de una investigación por presuntos desvíos de $300.000.000 provienentes del Ministerio de Desarrollo Social de Nación y Provincia entre el 2013 y 2015.
Según consignó Infobae, esta mañana efectivos del Departamento de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Prefectura Naval Argentina ingresaron en el palacio municipal para incautar pruebas que den cuenta de contratos celebrados con Cooperativas de Trabajo que habrían sido utilizados para desviar fondos públicos hacia empresas privadas por parte de empleados de esa gestión.
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Durante el Allanamiento en Avellaneda se secuestraron contratos que firmó la Municipalidad de Avellaneda con cooperativas para realizar obras entre el trienio 2013-2015 a través del programa «Argentina Trabaja» y que terminaron en manos privadas, que estarían emparentadas con funcionarios de ese municipio y del Ministerio de Desarrollo.
La causa investiga la creación de una «banda» que malversaba fondos sociales del país a través de cooperativas de Avellaneda. Según fuentes judiciales, la defraudación ronda los $300.000.000 y estaría involucrado el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que conducía Alicia Kirchner; esa cartera pero a nivel bonaerense a cargo de Eduardo Aparicio; y la Federación de Cooperativas de Trabajo Nuevos Aires.
Para Armella la maniobra consistió en tercerizar trabajos que debían ser realizados por las cooperativas a empresas constructoras privadas y una de ellas sería del ex vicepresidente de Racing Club de Avellaneda. Los fondos provendrían del Ministerio de Desarrollo Social a la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli.
Estarían involucrados entes públicos, funcionarios, empresas privadas, cooperativas y estudios contables y jurídicos a través de los cuales se habría lavado dinero.
