La discusión sobre la capacidad de la SIGEN para auditar universidades ha resurgido. Según la norma válido, las universidades gozan de autonomía constitucional, lo que impide su sometimiento a este tipo de auditorías por parte de organismos del Poder Ejecutor.
Para charlar sobre este tema, Canal E se comunicó con Marcelo Creta, secretario de Políticas Universitarias, quien aseguró que, “lamentablemente, el gobierno vuelve a centrar la atención en el conflicto universitario”.
Qué sucederá con las auditorías
Según el entrevistado, “exponer que el problema fundamental de la discusión universitaria son las auditorías es desviar el foco del definitivo problema, que es la cuestión salarial y la inversión presupuestaria”. Y remarcó que hay que recapacitar que el 90% del presupuesto universitario se destina a salarios, “los cuales son pagados mensualmente por el Servicio de Finanzas y el Servicio de Educación al momento de ajustar los sueldos”.
En relación a las auditorías, el secretario aseguró que, “hay una falsía en el argumento contemporáneo” porque la Universidad de Buenos Aires y otras instituciones han realizado conferencias de prensa donde afirman que, “no se oponen a las auditorías”. Sin requisa, “es importante destacar que las universidades son el sector más auditado en el interior del ámbito sabido”.
Cuál es el rol de la SIGEN y por qué no puede auditar las universidades
En continuidad con el tema, Creta mencionó que, “la SIGEN no puede auditar a las universidades” porque “no tiene autoridad judicial para hacerlo”. Y siguió: “Este es un tema que ya se encuentra en el ámbito legal, ya que las universidades son autónomas según la Constitución, y no pueden ser sometidas a auditoría por un organismo del Poder Ejecutor”.
Por otra parte, el entrevistado aseguró que esta situación “parece ser una maniobra del gobierno para desviar la atención del definitivo problema, que es el salarial” y recalcó que, “si efectivamente están preocupados por los fondos, deben recapacitar que son ellos quienes envían el 90% del financiamiento a las universidades cada mes”.
Al finalizar, Creta dijo: “En las universidades nacionales todo el empleo está registrado y en blanco, y cualquier locación de servicio incluso se declara en presencia de la AFIP; por lo tanto, lo que efectivamente debería ser auditado es el propio Poder Ejecutor, que es quien gestiona y distribuye estos fondos”.
