La decisión de sobreseer al presidente Mauricio Macri por las escuchas telefónicas fue del juez federal Sebastián Casanello y podrá ser apelada ante la Cámara Federal porteña por los dos querellantes que habían pedido el envío a juicio oral del Presidente junto a otros acusados.
El 7 de marzo de 2014 el juez dispuso el envío a juicio oral para todos los procesados, con excepción de Macri, sobre quien resolvió reabrir la instrucción del caso antes de resolver, algo que hizo finalmente ahora.
Y concluyó que "las medidas producidas una vez reabierta la etapa de instrucción ratificaron la ausencia de prueba de cargo contra M. Macri, de donde se sigue la ausencia de responsabilidad penal pues lo afirmado hasta aquí, no sólo lo ubica en una situación de ajenidad, respecto de tal o cual intromisión telefónica, sino que también lo aleja del armado de una empresa ilegal de espionaje dentro de su gobierno".
A lo largo de 32 carillas, Casanello repasó las acusaciones presentadas por las querellas del ex cuñado de Macri Néstor Leonardo y del familiar de víctimas del atentado a la AMIA Sergio Burstein, los dos casos de escuchas ilegales por las que fue procesado el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En ambos consideró que no presentaron "prueba directa" para incriminar a Macri en ninguno de los dos casos y destacó el pedido del fiscal federal Jorge Di Lello para sobreseerlo, en sintonía con la defensa del mandatario.
Casanello enfatizó que "se descarta una posible conducta instigadora, pues Macri deja de ser la persona particularmente interesada en escuchar a dos de las víctimas", de acuerdo a lo aportado por nuevas evidencias incorporadas cuando se continuó la investigación sobre su persona.
"Detrás de la intervención ilegal del teléfono de Burstein permanece Jorge Palacios, aunque alejado del entonces Jefe de Gobierno", concluyó Casanello.
Y agregó: "Detrás de la intervención ilegal del teléfono de Leonardo asoma Franco Macri, pero a través de agencias de seguridad privadas y personas interpuestas, lo que diluye su responsabilidad".
En el caso de las escuchas a Burstein dio por probado que fueron ordenadas por el procesado ex jefe de la Policía Metropolitana Palacios y ejecutadas por otro acusado, el ex espía Ciro James.
"En cuanto a la escucha de Burstein, es Guillermo Montenegro (ex ministro de Seguridad porteño) el que termina de alejar a Macri de la escena, al tiempo que relativiza en sumo grado su incidencia sobre el área de seguridad, sobre Jorge Palacios y, por ende, sobre el aparato clandestino de inteligencia -la segunda parte de la imputación", analizó el juez.
Y remarcó que el ejecutor de las maniobras, (Ciro) James fue contratado por el Ministerio de Justicia porteño, que le pagó un sueldo sin tener una tarea asignada, bajo la órbita del también procesado ex titular de esa cartera Mariano Narodowski.
En el caso de las escuchas a quien fue marido de la fallecida Sandra Macri, el juez entendió que el seguimiento sobre la persona del ex cuñado del Presidente fue contratado por el empresario Franco Macri.
En particular se aludió a nueva prueba incorporada en relación a la empresa de seguridad estadounidenste "Ackerman Group", a la que se adjudica la contratación de la escucha ilegal a Leonardo.
Las "actividades en el país por personal de la firma Ackerman Group durante el período en que fuera intervenido el teléfono del damnificado" fueron por "expreso pedido de Franco Macri y no así, a un interés, al parecer, inexistente de Mauricio Macri, respecto de la seguridad de su hermana Sandra", concluyó.
El 14 de mayo de 2010, Macri fue procesado por el primer juez del caso, Norberto Oyarbide, por "violación de secretos, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos, en concurso con la participación en una asociación ilícita" Oyarbide acusó al entonces jefe de Gobierno porteño de haber sabido del uso de estructura pública para montar la red de espionaje ilegal.
También procesó a Palacios, a James y a miembros de un juzgado penal de Misiones desde donde partieron las órdenes para concretar las escuchas en la SIDE bajo la excusa de una investigación con pistas falsas.
El procesamiento de Macri fue confirmado por la Cámara Federal porteña y quedó firme también en Casación, el máximo tribunal penal del país. Pero cuando fue momento del envío de todos los acusados a juicio, Casanello lo dejó afuera por falta de pruebas.
En tanto, los cuestionamientos a la decisión de Casanello provinieron de parte de los querellantes de la causa: Sergio Burstein, y de Luis Conde, abogado defensor de Néstor Leonardo.
En declaraciones a radio Diez, Burstein adelantó que, si bien aún no fue notificado de la decisión del magistrado, "hay instancias superiores" para apelar y ratificó que no se trata de una "causa armada", sino que "hay pruebas más que suficientes para que se llegue a un juicio oral; las pinchaduras telefónicas son reales".
Por su parte, Conde también anticipó la posibilidad de apelar la decisión judicial y manifestó, en diálogo con radio Belgrano, su convencimiento "de que con las pruebas que hay nos sobraba para ir a juicio oral, pero las cosas han cambiado y los que decían que no, ahora dicen que sí".
