Caso Pérez Volpin: imputaron a las autoridades de la clínica La Trinidad
La investigación por la muerte de Debora Perez Volpin en febrero de 2018 sigue avanzando: después de la condena al endoscopista Diego Bialolenkier y la absolución de la anestesista Nélida Puente, ambos acusados de su homicidio, ahora la fiscalía imputó a la clínica La Trinidad, y a una instrumentadora que estuvo en el quirófano durante el procedimiento que resultó fatal y que demostró una notable ausencia de memoria cuando declaró en el juicio oral.
Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la fiscal Dora Nanci Olivieri, de la fiscalía correccional 51, la misma que investigó la primera parte de la causa Pérez Volpin, ahora imputó a los doctores Roberto Martingano y Eduardo Cavalo como coautores del delito de encubrimiento. También a Sebastián Alfredo Cecchi Gallo por ocultamiento de pruebas, ya que limpió el endoscopio que usó Bialolenkier después de haber hecho el procedimiento en el cuerpo de la periodista. La imputación alcanzó, además, a la instrumentadora quirúrgica Miriam Eliana Frías y a la jefa del servicio, Claudia Esther Balceda, por falso testimonio.
La nueva acusación es una derivación del juicio oral en donde se condenó a Bialolenkier a tres años por homicidio culposo. El fallo no está firme porque tanto la querella como la defensa del anestesista apelaron el resultado.
En el juicio, la querella a cargo de Diego Pirota, había dicho: «Acá mintieron, acondicionaron la prueba y prepararon a los testigos, que eran empleados de la clínica, cambiaron el procesador, adulteraron el número de serie, cambiaron la caña del endoscopio…”. “Acá lavaron la sangre del endoscopio. No sé cómo vienen y lo cuentan tan simples de cuerpo. ¿Por qué lo tuvieron que lavar? Y suprimieron la información de los registros”, agregó.
Con la condena, el Tribunal Oral Criminal 8 ordenó la extracción de testimonios para investigar este nuevo delito. Todos estos elementos fueron recogidos ahora por la fiscal que avanzó en las nuevas imputaciones y no se descarta que en breve pueda haber llamados a indagatoria, indicaron a Infobae fuentes del caso.
“Las sospechas acerca del ocultamiento de datos de sumo interés para la decisión del caso se den acrecentadas por la indubitable constatación de que los directivos del sanatorio la Trinidad Palermo enviaron a la fiscalía de instrucción información manifiestamente incompleta acerca de los registros del monitor multiparamétrico utilizado en el estudio realizado a la víctima”, afirmó la fiscal en la imputación a al que accedió Infobae.
Otro de los puntos a investigar es que falta documentación del informe de esa maquina, algo que fue advertido durante el transcurso del debate. Fue Juan Martín Chávez, un técnico en electromedicina, el que admitió que a él la clínica le pidió imprimir el informe de Pérez Volpin y él lo hizo. También dijo que entregó todo a los directivos médicos de la clínica. Pero los papeles no aparecieron.
La fiscalía señaló también que hubo “una marcada reticencia de diversos testigos que resultan ser dependientes del sanatorio La Trinidad los cuales coincidieron en afirmar que antes de prestar declaración el expediente fueron convocados a su despacho por Eduardo Cavallo”.
“Resulta imposible de comprender cómo la instrumentadora Miriam Frías respondió no recordar o no saber qué había ocurrido a menos de 25 preguntas que se le formularon durante el debate”, señaló la fiscalía. Lo que podía aportar la testigo era clave: fue la tercera persona que estuvo presente durante la endoscopia a la que fue sometida Debora y en la que murió. Las otras dos personas eran Bialolenkier y Puente, que estaban sentados en el banquillo como acusados.
La fiscalía también apunto hacia la jefa de servicio Claudia Esther Balceda. Es porque “fue llamativamente imprecisa respecto del material físico y humano del servicio” que se utilizó en el procedimiento.
A Sebastián Alfredo Cecchi, en tanto, “le preocupó de la limpieza del endoscopio utilizado realizado a Débora Pérez Volpin con la intención de colaborar con su amigo Bialolenkier o tal vez para proteger un instrumental que era propiedad del padre Cecchi”, señala la imputación. Según se sostuvo, “mediante esa limpieza se ha eliminado prueba de importancia para la decisión del caso”.
Además, la fiscal dio cuenta de una acusación contra Martingano , Cavallo y Maria Cristina Lavolpe porque durante el jucio habrían violado el secreto profesional, cuando hablaron de patología previa que tenía Débora y que no estaba relacionada con su deceso. Según se sospecha, “buscaron tergiversar las razones de la muerte de Débora Pérez Volpin y generaron daños en el entorno familiar, además de revelar los sin justa causa dado la causa de origen no existía motivo para conocer atenciones neurológicas ginecológicas Y de cualquier otro tipo en relación a la persona fallecida cuyo cuerpo había sido peritados y ya se habían concluido las razones que desencadenaron su muerte
Con todos elementos, la fiscalía solicitó que se llame a declarar “a todo el personal médico que se haya desempeñado en la especialidad endoscopistas durante los 10 días previos a la muerte de Débora”. También que se vuelva a escuchar al testigo que estaba a cargo del equipo técnico y que reveló el faltaban de la documentación descubriera en el debate.
Débora Perez Volpin murió el 6 de febrero de 2018. Se había internado por unos fuertes dolores estomacales que los médicos no terminaban de encontrarle explicación. A las 17 horas de ese día, llego al quirófano. Habló con la anestesista. Se durmió. Nunca volvió a recuperar la conciencia. Durante el juicio, la querella se reconstruyó, con un reloj, minuto a minuto cómo fue su muerte.
Según estableció el fallo del tribunal oral, la muerte se concretó por la conducta “imprudente y negligente” del anestesista durante el procedimiento de una “video endoscopia digestiva alta” . Según el fallo, “al iniciarse el procedimiento y llegar con el endoscopio a la zona del esófago cervical, el imputado, pese a la existencia de cierta distensibilidad dificultosa del tracto digestivo, siguió avanzando con el instrumento, y ejerció una fuerza excesiva sobre la cara anterior del órgano antedicho, a la vez que seguía insuflando aire para lograr distenderlo».
Cuando el tocó declarar, Bialolenkier negó su responsabilidad. “Juro por Dios que no sé lo que pasó, estoy destruido”, dijo. Ahora, su defensa pelea en la Cámara de Casación la condena en su contra y también la inhabilitación para poder ejercer como profesional.
