Presentaron una cautelar para suspender el veto de Macri a la Ley Antitarifazos
Dirigentes sociales, políticos y sindicales presentaron una medida cautelar en los tribunales porteños para pedir que se suspenda la vigencia del veto del presidente Mauricio Macri a la Ley Antitarifazo hasta que se resuelva la cuestión de fondo y «se declare su inconstitucionalidad».
La presentación fue realizada por la Organización No Gubernamental «Argentina en Red», cuyo referente es Pablo Sercovich, con la adhesión de Pablo Micheli, líder de la CTA Autónoma, y de José Rigane secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina.
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También expresaron su adhesión Rubén Ruiz, secretario General de la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre otras personalidades.
Veto de Macri a la Ley Antitarifazo: los detalles del rechazo
En la extensa justificación, Macri hasta citó a Cristina Fernández de Kirchner en uno de los párrafos. “La ex Presidente (sic) Cristina Fernández de Kirchner, mediante el dictado del Decreto Nº 1482/2010, ha ejercido la potestad constitucional de observar proyectos de ley, fundada en que ‘la aplicación de las condiciones establecidas en el proyecto bajo análisis se consideran inviables desde el punto de vista económico financiero, no siendo factible su implementación y sustentabilidad en el tiempo’”, dice la publicación que recuerda cuando la antecesora del mandatario vetó el 82% móvil.
El Gobierno calcula que el costo fiscal de retrotraer los aumentos de tarifas a noviembre de 2017 ($ 65.886.000.000) “equivale a, por ejemplo, 77.000 viviendas sociales, más de dos años del Programa de Asignación Universal por Hijo -que hoy cubre a casi cuatro millones de beneficiarios-, 2.875 escuelas, 575 hospitales, o todo el gasto nacional en universidades”.
Además, argumentan que “la sanción de la norma implica un límite a la discrecionalidad del Poder Legislativo, que debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional, redundando finalmente en un perjuicio para la sociedad en su conjunto”, deslizando que la misiva es anticonstitucional.
Incluso, Macri involucra a gobernadores –algunos opositoress- que “se han expresado públicamente en contra del Proyecto de Ley”, enumerando que pertenecen a las provincias de Buenos Aires (Cambiemos), Chaco (Peronismo), Córdoba (Peronismo), Corrientes (Cambiemos), Entre Ríos (Cambiemos), Jujuy (Cambiemos), Mendoza (Peronismo), Misiones (Peronismo), Neuquén (MPN), Rio Negro (Peronismo), Salta (Peronismo), Santa Fe (Socialismo) y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Cambiemos) quienes se oponían.
Además, Macri recordó que hay jurisprudencia redactada por la propia Corte Suprema de Justicia «la facultad de establecer tarifas y cuadros tarifarios resulta una competencia exclusiva del poder administrado
