Citan a indagatoria a empresarios y funcionarios por Odebrecht
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi llamó a indagatoria a los investigados en la causa por la construcción del soterramiento del Tren Sarmiento.
El extenso listado comenzará en junio con Julio De Vido, e incluye a Angelo Calcaterra, los representantes de la constructora brasileña, el ex secretario de transporte Ricardo Jaime; las 49 indagatorias concluirán con Jorge Corcho Rodríguez en octubre.
LEER MÁS: Procesaron a Julio De Vido por beneficiar a Odebrecht
Las 49 indagatorias pedidas por el fiscal Franco Picardi, se harán en el marco de la investigación por el presunto pago de sobornos y sobreprecios en las obras del soterramiento del tren Sarmiento.
Iecsa, la ex empresa de Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri- era parte del consorcio de firmas lideradas por Odebrecht.
Los dueños de Odebrecht admitieron haber pagado 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015 para manipular diversos contratos de obra pública.
En ese contexto, en Comodoro Py hay tres causas sobre licitaciones adjudicadas a la constructora brasileña, sospechadas de irregularidades administrativas, sobreprecios y pago de sobornos.
Uno de esos expedientes es el que lleva el juez Martínez De Giorgi,y en el que se realizarán las indagatorias hasta octubre.
Odebrecht: sobreprecios y sobornos
Se investiga el soterramiento del tren Sarmiento. La obra, cotizada en 3.000 millones de dólares, fue otorgada al consorcio constituido por Odebrecht, IECSA (entonces de Calcaterra), Ghella y ComSa SA.
Por el escándalo de las coimas, en junio del año pasado la brasileña se fue de la obra.
Para la fiscalía, hubo un “direccionamiento” de la licitación a favor del consorcio, y luego se generaron «modificaciones en el contrato original» que esconderían los supuestos sobreprecios y coimas.
LEER MÁS: Odebrecht: Estados Unidos dio nombres por las coimas en la Argentina
Picardi cree que los sobornos se pagaron a través de la empresa CAESA de Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime en la Secretaría de Transporte, por unos 600 mil pesos, y por pagos a través de empresas offshore radicadas en el exterior.
