El Gobierno tomó con fuerte enojo la decisión de la Justicia porteña sobre las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y desplegó una estrategia judicial combinada para frenarlo.
Por un lado, esta mañana la Procuración del Tesoro de la Nación (PNT) presentó un planteo para que se declare la inhibitoria de la justicia porteña y la invalidez de lo decidido anoche por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires
La PNT, que encabeza Carlos Zannini, presentó el planteo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, según informaron a Télam fuentes judiciales. Por otro lado, el presidente Alberto Fernández avaló la presentación del Ministerio de Salud en el fuero contencioso de la Ciudad para tratar de llevar el caso a otra jurisdicción.
El objetivo de ambas acciones es validar la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia ( DNU) que suspendió las clases presenciales entre el 19 y el 30 de abril.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires falló ayer a favor de la presencialidad de las clases en el distrito, al pronunciarse sobre una presentación hecha por organizaciones de docentes contra el Decreto de Necesidad y Urgencia ( DNU) del Gobierno nacional que establece la suspensión de la actividad por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para contener la segunda ola de coronavirus.
El tribunal resolvió «hacer lugar a la queja interpuesta y, en consecuencia, admitir el recurso de apelación; disponer la suspensión de lo dispuesto en el artículo 2°, párrafo tercero, del DNU y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que en el marco de su autonomía y competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires», según el fallo.
Enseguida, en una conferencia de prensa, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció que las clases serían presenciales y no virtuales en su distrito, en contra de lo dispuesto por el DNU. Para el Gobierno nacional, se trata de un fallo a medida del mandatario de la Ciudad y advierten que Juntos por el Cambio presionó para obtener esa medida.
En este contexto, el Presidente calificó de «un estrago jurídico» la decisión judicial y consideró que con las restricciones en AMBA no se están dictando «medidas educativas», sino «medidas de políitica sanitaria en medio de una pandemia». «Por eso la ciudad fue directo a la Corte», argumentó el jefe de Estado en declaraciones a El Destape.
Por su parte, el ministro de Justicia, Martín Soria, también cuestionó el fallo que cedió al interés del Gobierno de Rodríguez Larreta para que las aulas continúen abiertas, al señalar que la resolución judicial es un «mamarracho jurídico», que tiene una «explicación política».
«El Presidente @alferdez tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos«, escribió en Twitter.
La fiscal, los jueces y el Gobierno de la Ciudad deberán hacerse responsables de las consecuencias sanitarias de esta medida.
— Martin Soria (@MartinSoria_) April 18, 2021
