Juntos por el Cambio acudirá a la Corte Suprema de Justicia para que la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, designen a los representantes parlamentarios para conformar el Consejo de la Magistratura, que a partir de este lunes deberá estar integrado por 20 miembros, según el fallo de diciembre pasado del Alto Tribunal.
Si bien la decisión ya estaba tomada, en la coalición opositora apuraron el trámite luego de que esta mañana el juez Federal de Paraná Daniel Alonso rechazó la apelación del fiscal Leandro Ardoy contra la precautelar de frenar el ingreso de nuevos legisladores al Consejo de la Magistratura.
Justamente la vicepresidenta y Massa echaron mano de esa precautelar para no nombrar a la diputada radical Roxana Reyes y al senador del PRO Luis Juez, electos por Juntos por el Cambio para integrar el Consejo.
Con la firma del jefe del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, y el titular de la bancada de senadores de PRO, Humberto Schiavoni, Juntos por el Cambio presentará un escrito ante la Corte Suprema para revertir esa situación.
«Mañana mismo vamos a plantear un per saltum, queremos evitar la intervención de este juez de la mamarrachada», dijo Negri en declaraciones a TN, en alusión a Alonso, a quién considera hay que hacerle un “juicio político”. Y continuó: «Vamos directo a la Corte Suprema. Es un recurso extraordinario por el cual decimos al Máximo Tribunal que el fallo que dictó, el cual ordenó la inconstitucionalidad de la ley de 2006 y la vigencia de la ley de 1997 está siendo obstaculizada por un juez de Paraná. Nosotros le vamos a pedir a la Corte que anule el accionar de este juez y haga cumplir el fallo de diciembre».
Críticas a Horacio Rosatti
La resolución de la Corte para que el Congreso apruebe una nueva ley en un plazo de 120 días, que venció el 15 de abril último, fue criticada por el oficialismo desde un comienzo, al igual que la idea de que el Consejo vuelva a su antigua composición, previa a la reforma de 2006. Desde el jefe de la bancada de diputados oficialista, Germán Martínez, hasta el legislador Marcelo Casaretto -encargado de hacer la presentación judicial ante Alonso para que no se nombre a los representantes de ambas cámaras- cuestionaron la injerencia del Poder Judicial en atribuciones que son propias del Poder Legislativo.
En el Frente de Todos también cuestionan la decisión del presidente del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, de asumir este lunes la presidencia del organismo encargado de seleccionar y remover jueces. La principal objeción que le hacen al magistrado es que estará al frente del Consejo a partir de un fallo que él mismo firmó. Algunos legisladores oficialistas cada vez que pueden recuerdan que aceptó ser nombrado por decreto en la Corte durante el gobierno de Mauricio Macri.
«Tenemos que tratar el tema en el Congreso. Es nuestra responsabilidad tratar las leyes que la Nación necesita y no estar dependiendo de una interpretación de la Corte, que lo está haciendo en una actuación política. El presidente de la Corte está pretendiendo autodesignarse miembro y presidente del Consejo de la Magistratura cuando la ley no lo indica», señaló Casaretto en diálogo con BAE Negocios.
«¿En serio que solo el periodista Matías Mowszet se dio cuenta de lo que va a pasar mañana en Argentina, tu país? Qué raro… con tantos periodistas independientes y de investigación que hay en la tele y en los grandes diarios. La casta de la que nadie habla», dijo esta tarde Cristina Kirchner a través de su cuenta de Twitter.
En ese mismo mensaje, la vicepresidenta citó un tuit de Mowszet, que señala que «mañana el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, va a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura (el órgano que designa y remueve jueces) gracias a un fallo dictado por él mismo y sin dejar su puesto en la Corte, que también ganó autoeligiéndose meses atrás.»
Hasta ahora, Massa eligió tener un perfil más bajo en este tema y no descarta convocar a la oposición para llegar a un acuerdo, sin embargo desde Juntos por el Cambio sostienen que “no hay nada que hablar, sólo cumplir con el fallo de la Corte”.
