La Corte Suprema definió que los jueces que asumieron desde 2017 deben pagar Ganancias
Este martes empezó a correr el calendario más caliente que adelantó la Corte Suprema de Justicia de la Nación para fin de año. Fue con un fallo clave: el Máximo Tribunal redobló una cautelar y confirmó la vigencia de una ley que establece que los jueces -y empleados de ese poder- que asumieron desde 2017 deben tributar el impuesto a las Ganancias. Por el corto plazo que pasó desde que rige la norma, la medida es de impacto más simbólico que económico.
Había una mayoría de tres firmas selladas para garantizar la decisión (Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti), pero cerca del mediodía, ya terminado el acuerdo entre los ministros, una fuente confirmó a Clarín que finalmente «salió por unanimidad».
Había particular atención sobre la postura del nuevo titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien defendió en público el nivel salarial de los magistrados y propuso una salida cuanto menos cuestionable: que les aumenten los sueldos y entonces sí empiecen a pagar Ganancias para no perder adquisitivo.
De todos modos, esa es otra discusión de fondo que involucra a todo el Poder Judicial. Se calcula que por la exención de este impuesto, el Estado dejó de recaudar este año entre 6.000 y 7.000 millones de pesos. Pero ahora sólo se discute sobre los que asumieron desde 2017. En términos de fondos generales, una parte muy menor. Si se toman casos particulares, es mucho: un sueldo de 200.000 pesos brutos pagaría 50.000 por mes de Ganancias; uno de 300.000 serían 85.000. Los cargos altos en el Poder Judicial están en ese nivel. Y algunos más arriba aún.
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Respecto a la vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco, calificada como de las más corporativas del cuerpo y alineada con la Asociación de Magistrados que presentó la cautelar que frenó el pago de Ganancias previsto en la ley de 2016, inicialmente se había especulado con que podría votar en contra. Pero no estaba tan claro, ya que a principios del año pasado, la propia Corte, a través de un comunicado en su sitio oficial de noticias, había fijado postura: «Queda claro que todos los empleados, funcionarios, fiscales, defensores, magistrados que están en funciones no pagarán el impuesto. En cambio, quienes ingresen a partir de 2017, estarán obligados a pagarlo».
El más enfático hasta ahora con respecto a Ganancias fue el juez Rosatti. Se mostró a favor de que el Poder Judicial tribute este impuesto cuando pasó por la audiencia pública para asumir en el cargo. E incluso dos integrantes de su vocalía pagan Ganancias.
Además la cautelar de la Asociación de Magistrados, otros empleados judiciales hicieron reclamos por vía administrativa. Como la Corte es la máxima autoridad del poder, esos pedidos también recayeron allí y quedarán rechazados.
El fallo de la Corte podría contener también algunos párrafos en duros términos para los jueces intermedios que accedieron a los reclamos para frenar el descuento de impuestos. El Máximo Tribunal, y esto también lo dejó claro Rosenkrantz, quiere seguir la doctrina de que se cumplan las leyes, así sean contrarias a la opinión pública. Y que, en todo caso, la política resuelva las polémicas cambiando las normas.
A groso modo, fue uno de los argumentos que usaron Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco para avalar el polémico beneficio del 2×1 para un represor. A partir del escándalo, se sancionó una nueva ley y justamente la semana próxima (4 de diciembre), la Corte fijará jurisprudencia. Se descuenta que, a partir del cambio de la norma, ya no se podrá aplicar el beneficio a los condenados por delito de lesa humanidad.
