La ex presidenta Cristina Kirchner apeló el procesamiento que le dictó el juez Claudio Bonadio por la causa Los Sauces al cuestionar duramente la medida dictada por el magistrado «sin prueba alguna, en franca colisión con el principio de inocencia».
La ex presidenta Cristina Kirchner apeló este viernes el procesamiento que le dictó el juez Claudio Bonadio por la causa Los Sauces al cuestionar duramente la medida dictada por el magistrado «sin prueba alguna, en franca colisión con el principio de inocencia».
«Se han violentado incontables garantías procesales y sustantivas establecidas en la Constitución Nacional», dice el escrito presentado hoy por el defensor de Cristina, el abogado Carlos Beraldi en el que adelantó que por la «gravedad institucional» del caso, llegará hasta la Corte Suprema de Justicia.
La defensa también interpuso recurso de apelación en contra de la medida que dispuso la prohibición de salida del país la ex presidenta y el embargo de 130 millones de pesos que le impuso el juez Bonadio.
Bonadio procesó a Cristina Kirchner por haber encabezado una asociación ilícita que utilizó la firma «Los Sauces» para cobrar alquileres a empresarios como el detenido Lázaro Báez. La ex presidenta Cristina Kirchner y sus dos hijos fueron procesados bajo la sospecha de que conformaron una «banda» que cobró «retornos.
Una vez que Bonadio conceda el recurso, el caso irá a la Cámara Federal que deberá definir si confirma o no el procesamiento dictado por el magistrado.
El escrito de apelación cuestiona la competencia del juez y adelanta que se llegará incluso hasta la Corte y organismos de derecho internacional.
«Dadas las garantías y principios constitucionales que se ven afectados y la inusitada gravedad institucional que reviste el caso, hago expresa reserva de acudir, de ser necesario, ante la Cámara Federal de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos competentes por las vías legales pertinentes», dice el escrito.
«Lamentablemente, en los últimos tiempos la necesidad de dictar resoluciones «judiciales» direccionadas a ocasionar estrépito en la opinión pública hizo que, lisa y llanamente, se quebraran sin pudor las más elementales reglas de garantía que establecen la Constitución Nacional y la legislación dictada en consecuencia», advirtió el abogado.
El letrado aseguró que todos los actos de la sociedad familiar fueron lícitos. «Todos los aportes funcionales que se colocan en cabeza de los procesados son actos absolutamente lícitos, tal como se reconoce en el mismo resolutorio (vgr., haber constituido una sociedad familiar, efectuar aportes irrevocables de inmuebles legítimamente adquiridos para nutrir su patrimonio, suscribir contratos de alquiler, recibir pagos que se corresponden con tales locaciones -depositando el dinero en las cuentas bancarias- y realizar los demás actos propios del giro comercial de la firma)».
Luego cuestionó la figura de la asociación ilícita. «Lo que resulta aún más increíble es que se le asigne el rol de jefa de la asociación por la mera aplicación de las reglas del derecho sucesorio y la aceptación de una herencia sin beneficio de inventario: los presuntos delitos cometidos por sus padres, a criterio de V.S. habrían sido heredados», indicó.
Concluyó que el juez «efectúa una asignación de roles totalmente antojadiza y arbitraria que no se condice con ningún tipo de razonamiento lógico, fáctico ni jurídico. De hecho, en línea con los desvaríos que se vienen señalando, casi la mitad de los veintiún partícipes de la asociación serían sus jefes u organizadores».
Fuente: minutouno.com
