Cuadernos de coimas, la supuesta ruta de operaciones en la obra pública del kirchnerismo
El día de ayer a las 3 de la tarde, el fiscal Carlos Stornelli recibió en su despacho a Leonardo Fariña y se llevó una sorpresa: la nueva declaración del testigo protegido podría desbaratar la coartada de ciertos empresarios, quienes se amparan en el eufemismo de que hicieron aportes a lo largo de las campañas, para encubrir las coimas que pagaron en la obra pública.
Leo Fariña, el exvalijero arrepentido, una pieza clave en la investigación de la Senda del Dinero K, explicó a Stornelli que, siguiendo la trazabilidad de cada expediente de obra pública, se podía determinar exactamente en qué instante y hasta cuánto dinero precisamente se pagó los retornos en término de retornos.
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Leo Fariña explicó que todas y cada una de las obras públicas iniciadas desde 2003 arrancaban con un sobreprecio de entre el 50 y el 60 por ciento. Puso como ejemplouna obra adjudicada a su exjefe, Lázaro Báez, en coincidencia con los números aportados en otra causa por el exresponsable de Vialidad y actual secretario de Energía, Javier Iguacel. El funcionario solicitó a la justicia que Cristina Fernández y Báez devuelvan al Estado el equivalente a 22 mil millones de pesos sobre un total de 46 mil millones de pesos, que Austral Construcciones recibió desde 2003 hasta 2015.
Esto representaría un sobreprecio del 50 por ciento. Fariña explicó a Stornelli que el segundo paso de la senda de la coima de la obra pública, tras el sobreprecio, es el anticipo financiero que el Estado, en un caso así representado por el secretario de Obras Públicas, José López, le dio a las compañías. El arrepentido descubrió que el monto del anticipo financiero es el equivalente a la primera coima que el hombre de negocios debe abonar sí o bien sí: entre el 10 y el 20 por ciento del total de la obra.
El tercer paso, conforme Fariña, es el empleo de facturas apócrifas para justificar en los cómputos la salida del monto equivalente al pago de las coimas. Conforme el exvalijero, en la mayor parte de los casos la AFIP estaba sobre aviso y sus altos funcionarios acostumbraban a cobrar, por hacer la vista gordita, cerca de un cinco por ciento del valor total del certificado de obra.
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El cuarto paso de la senda del dinero de la obra pública es el cohecho propiamente dicho. Es decir: cuando el funcionario recoge o bien recibe los bolsos con dinero de los empresarios favorecidos. Mantiene Fariña que Baratta no solo trabajaba de valijero; asimismo demandaba y conseguía el equivalente al 4 por ciento del monto total de la obra por su servicio especializado para lograr las redeterminaciones de costos. Es decir: para autorizar la ampliación del presupuesto, por la vía de mayores costos.
El quinto y último paso de la senda es el lavado de activos. Para ejemplarizarlo, Fariña le recordó a Stornelli las maniobras de Báez en torno a la compañía Hotesur. Es decir: los registros falsos de ocupación de las habitaciones del Hotel Alto Calafate, propiedad de la familia Kirchner.
El último día de la semana pasado, en La Cornisa, y el día de ayer en 4 Días, por A24, Fariña dio a comprender que los montos de dinero que salieron a la luz por medio de los cuadernos de Oscar Centeno, son una milésima parte todo cuanto se birlaron desde 2003 hasta 2015. Y recordó que Néstor Kirchner ya venía empleado exactamente el mismo mecanismo desde 1991, cuando se convirtió en gobernante de Santa Cruz por vez primera.
La declaración de Fariña a Stornelli podría desbaratar la coartada de los empresarios para conseguir que los acusen solo de dar aportes ilegales para la campaña electoral y no de integrar una asociación ilegal para lavar dinero. El primer delito tiene una pena máxima de 3 años de prisión. El segundo una de 6 años, y con cárcel de cumplimiento efectivo.
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Fuente: Infobae
