Se trata del decreto 618, que congeló las vacantes y suspende por un año las designaciones de personal de planta permanente y de la planta transitoria previstas por la Ley 10.430 (Estatuto y Escalafón para el Personal de la Administración Pública).
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) expresó en un comunicado que esta medida "viene a completar un ‘combo’ de leyes y decretos que apuntan al achicamiento y desguace del Estado provincial, así como a profundizar la precarización laboral de sus trabajadores".
El secretario general de ATE y la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, consideró que "están queriendo realizar una reforma estructural en el Estado que apunta a moldearlo aún más al servicio de los sectores más concentrados, precarizando las relaciones laborales".
"Como ya lo dijimos con la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica, el gobierno provincial avanza en dos sentidos. El primero, el de habilitar a los grupos del sector privado a hacer todos los negocios sin ningún control del Estado. Y, el otro, el de precarizar las relaciones laborales de manera extrema con la creación del contrato autónomo, que avanzan sobre los derechos laborales”, puntualizó.
Desde ATE se plantea además que “la gobernadora Vidal intenta descargar la crisis sobre los trabajadores” a partir de las leyes de Emergencia Administrativa y Tecnológica, la Ley de Modernización del Estado, que tiene media sanción en el Senado provincial, junto al decreto de hoy y al 230, “que da facultades feudales a los ministros para nombrar personal y avanzar sobre cuestiones paritarias”, según de Isasi.
Además de repudiar estas medidas y exigir su derogación, el dirigente reclamó que "se reabra la discusión salarial, dado que el 25 por ciento de inflación anual que nos intentó vender a principio de año en paritarias quedó muy por debajo de la realidad: a mayo tenemos un 23 por ciento de inflación, y las encuestadoras hablan de una proyección de entre el 37 y el 40 por ciento anual”.
