Denuncian a Aranguren por sobreprecios por u$s1.300 millones en las tarifas de gas
La denuncia penal, la segunda presentada por Bernal, también apunta contra Andrés Ferraris, ex Director Nacional de Política Tarifaria; Juan Manuel Carassale, ex jefe de Gabinete de Aranguren; y Graciela Bevacqua, ex Directora Técnica del INDEC. Bernal los denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta.
Según la denuncia, el factor de actualización no debería haber superar el número 24 sobre la base tarifaria; sin embargo, lo llevaron artificialmente a 33, lo que significó un incremento del 3.300% para este componente tarifario.
En un accionar casi idéntico con la Causa Peajes, a fin de intentar justificar la manipulación de ese factor, los funcionarios denunciados introdujeron como argumento falaz las supuestas renuncias de las empresas (sus accionistas) a reclamar indemnizaciones por perjuicios ante el CIADI (organismo internacional dedicado arreglo de diferencias relativas a inversiones), denuncias que ni siquiera se habían hecho a pesar del paso de los años y que, en caso de hacerse, tienen un resultado incierto (pueden perder como ganar). “A pesar de ello, les hicieron pagar a los usuarios y las usuarias de gas hipotéticos montos por juicios hipotéticos. Esto así, para justificar un factor de actualización tarifaria con un número arbitrario”, dice la denuncia.
En esa línea, fue el propio Chambouleyron quien, a través de un Power Point que habría utilizado en una presentación oficial en diciembre de 2016, dejó testimonio de la estafa. Ese Power Point también se incluyó en la denuncia.
“Este sobredimensionamiento fue una de las causas del tarifazo que sigue siendo soportado injustificadamente por los casi 9.000.000 de usuarios del servicio público, significándoles a las empresas de gas garantizarse un ingreso adicional para el quinquenio 2017-2021 (entre rentabilidad y amortizaciones) de aproximadamente $21.255 millones por encima de lo que les hubiera correspondido en caso de no haberse seleccionado arbitrariamente el índice de actualización tarifaria como finalmente se hizo. Dicha cifra en dólares equivale a unos 1.343 millones en moneda estadounidense”, señalaron fuentes del ENARGAS.
Surge de la denuncia una transcripción de mails de los ex funcionarios denunciados en donde se advierte que había que llegar, cueste lo que cueste, al factor de actualización de “33” para la base tarifaria. De esos mails emerge también que planearon introducir los eventuales reclamos ante el CIADI para intentar justificar ese índice “inflado”. Similar maniobra en cuanto a la utilización de reclamos ante el CIADI se hizo en el caso de los peajes por el cual se encuentran imputados ex funcionarios del gobierno de Macri, lo que da cuenta de que fue una metodología que se usó para que usuarios y ciudadanía pagaran ingresos o ganancias ilegales a las empresas.
Entre los mails se destacan los siguientes: Andrés Chambouleyron envió un mail el 28/10/16 al ENARGAS que decía: “…la idea es un mix entre ésta (un IPIM empalmado con otros índices de precios) y el tipo de cambio” que “te dé unas 20 veces de incremento desde 1992 hasta 2016 más o menos”.
Por su parte, Juan José Aranguren, en un mail remitido el 9/11/16 dijo: “Valoro los nuevos índices, pero seguimos sin tomar riesgos” y agrega “Si queremos resolver el pasado, no entiendo por qué nos cuesta tanto hacerlo. Caso contrario, en lugar de especialistas tendríamos máquinas que nos reemplacen”. Claramente exige que esos índices resuelvan conflictos del pasado.
