Denuncian a Michetti por presunta defraudación contra la administración pública
El Senado, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, presentó hoy una denuncia penal contra la titular del cuerpo durante la gestión de Cambiemos, Gabriela Michetti, por los presuntos delitos delitos de defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública por haber realizado «pagos millonarios por obras que no tuvieron avances» en la Cámara alta.
La denuncia a Gabriela Michetti fue radicada por la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort en los tribunales federales de Comodoro Py, donde, tras el sorteo de rigor, recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 11 de la Capital Federal, actualmente a cargo Marcelo Martínez de Giorgi. La acusación alcanza a Helio Rebot, ex secretario administrativo del Senado, y a Germán De Vincenzo, presidente de la empresa DINALE S.A.
Peñafort explicó -en declaraciones a El Destape Radio- que, cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner asumió la Presidencia del cuerpo luego de la gestión de Cambiemos, se encontró con «una situación bastante terrible que compromete las instalaciones mismas del Senado». «Se emitieron los certificados de obra, pero las obras no están. Sólo una de las obras tiene un 3% de avance», precisó Peñafort en la entrevista.
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De acuerdo con la presentación, que ahora deberá ser analizada por el magistrado, previa ratificación por parte de la denunciante, Gabriela Michetti «le dio más de 180 millones a una empresa que no terminó las obras que estaban pautadas en una cuestionada licitación» durante el gobierno de Cambiemos.
Según fuentes de la Presidencia del Senado, se constató que en tiempos de Cambiemos y Gabriela Michetti «la empresa en cuestión no era proveedora del Senado y nunca se pidió la habilitación de la obra», así como el hecho de que «se entregaron anticipos millonarios a través de documentos irregulares».
En la denuncia, la abogada Peñafort asegura que se verificó que en tiempos de Cambiemos y Gabriela Michetti la «concentración irregular en manos de una empresa que no se encontraba inscripta dentro del registro de proveedores del Honorable Senado de la Nación» e, incluso, denunció «un posible sobreprecio de obra»: «Los precios determinados por la Administración para la apertura a licitación de las obras en cuestión no encuentran justificación fehaciente», añadieron en la denuncia.
Las obras para las que se contrató a la empresa están vinculadas a la readecuación y puesta en valor de terrazas, patios, contrafrente y circulación en el edificio anexo Senador Alfredo L. Palacios, ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen 1710, a pocos metros del Palacio Legislativo.
En sus declaraciones, Peñafort describió una situación caótica en esa sede. Según Peñafort, la contratación para las obras «estuvo mal hecha desde el principio»: «Venían estos mismos señores a cobrar estos certificados de obra y las obras no estaban. No sólo se les dio el certificado de obra que los habilita a cobrar; también se les dio un adelanto y tenían comprometido un adelanto del 5% para compra de materiales y, en 2019, les dieron el 25%, y no compraron materiales».
En un informe distribuido a la prensa del Senado, se indicó que la empresa denunciada DINALE SA «fue la única» presentada a licitación y que resultó adjudicataria de la obra en cuestión, por un monto de $249.600.000. El plazo de ejecución fue asignado en nueve meses desde el acta de inicio de obra -20 de mayo de 2019- por lo que venció el 20 de febrero último.
Otra irregularidad denunciada es que, «pese a los adelantos brindados, la empresa no presentó representante técnico habilitado ante el gobierno porteño» ni «gestionó» los permisos de obra ni presentó «los planos aprobados por el organismo competente en la materia».
Cuando en diciembre último, Fernández de Kirchner anticipó que abriría una auditoría para investigar la tarea de su antecesora en el Senado, el ex secretario administrativo, Helio Rebot, dijo a la prensa que en el macrismo estaban «tranquilos» porque afirman que no hubo irregularidades y aprobaron «que se audite» la gestión.
