El presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, enfrenta una situación compleja, luego que directivos de la entidad denunciaran ante la IGJ que el balance que presentó incluye gastos millonarios injustificados.
La impugnación del balance de 500 millones puso la lupa sobre el gasto de 30 millones en abogados y 9 millones en artículos de librería, entre otros ítems sospechosos. Pero no es la única impugnación que enfrenta el misionero.
El bloque de pymes de tradición peronista creen que Díaz Beltrán debería haber dado un paso al costado luego de que fracasara el modelo económico de Macri al que no criticó durante la destrucción masiva de pymes que caracterizó a su gobierno.
Por el contrario, CAME fue el escenario de la celebración con Macri por el día del Empresario en 2018 y de la promesa de Dante Sica de que las tasas iban a bajar y nunca lo hicieron, lo que se tradujo en el cierre a cuenta gotas de un total de 24.500 de pymes en los cuatro años de gestión. Y si bien hubo planteos por la tasa de interés, el reclamo quedó disuelto en elogios al ex presidente.
En cambio, en el entorno de Díaz Beltrán acusan a La Cámpora de querer copar la CAME y señalan que las denuncias presentadas son parte de esa embestida. Él mismo, en una entrevista a Clarín, hipotetizó que se trata de una forma de presión política para acallar que durante el gobierno de Alberto Fernández, con la cuarentena, se aceleró la muerte de pymes.
Ahora, se suma también la denuncia de su actual vicepresidente primero, el fueguino Diego Navarro que advierte que durante 2019 se movieron unos $500 millones de la institución de forma poco transparente. En especial, señala que aparecieron grandes gastos de librería y de servicios profesionales «dibujados» por más de $30 millones.
De esta forma, Beltrán acumula denuncias ante la IGJ que son de gravedad y provienen más del peronismo tradicional que del kirchnerismo camporista. La de Salas, es por la distribución irregular y el desvío de fondos del Inacap (Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio), por la suma de $353 millones que se habrían girado de forma irregular a Federaciones y Cámaras asociadas a CAME.
A esta, se le suma el reclamo de Navarro: «Desde marzo le estoy pidiendo a Díaz Beltrán que nos explique cómo puede ser que CAME teniendo 90 empleados tiene que contratar profesionales, y en el caso que los contrate, quiénes son. No solo es preocupante el gasto, sino más aún, que no se nos informe» aseguró el vicepresidente primero de la entidad.
VIA LPO
