Las asociaciones de consumidores propusieron la conformación de una mesa de trabajo, con el objetivo de dar transparencia a la política pública de tarifas.
"Los consumidores proponemos una mesa de trabajo para dar certidumbre y transparencia a una política pública de tarifas razonable, clara y gradual”, señala el texto que lleva a firma de distintas asociaciones de defensa al consumidor.
La propuesta fue presentada por la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), el Centro de Educación al Consumidor (CEC), Adelco, Procurar, UCA, Protectora, Proconsumer, Cruzada Cívica, Acuda, Codelco, Acucc, UCU, Adecsc (Santiago Del Estero), Arco (La Rioja), Aconoa (Tucumán), Decea (Salta) y AUC (Corrientes).
Ante la situación creada por los aumentos en las tarifas de servicios públicos, las entidades sostuvieron que "el marco legal vigente faculta al Poder Ejecutivo Nacional a fijar la política tarifaria en materia de servicios públicos, por lo cual apelamos a la responsabilidad de los funcionarios para evitar la judicialización permanente de las tarifas".
"El mismo marco legal establece la obligatoriedad de convocar a audiencia pública como paso previo a cualquier aumento. En consecuencia, no habiéndose dado cumplimiento a tal requisito, exigimos que se garantice la normativa con una citación inmediata que permita la participación de usuarios y consumidores y los representantes de la sociedad civil, para darle certidumbre y transparencia a una política que está generando zozobra en las familias argentinas", señalaron.
Por su parte, el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, ratificó que su bancada pedirá una sesión especial para discutir un proyecto de ley destinado a "retrotraer" los aumentos de las tarifas de gas y electricidad porque el pueblo no puede pagarlas y dijo que hay que "analizar cómo se ajustan, hacer la audiencia pública como establece la ley y hacer las cosas con gradualismo. No se puede hacer cirugía mayor sin anestesia”.
“A nosotros nos pareció que tenía que haber una respuesta institucional, no solamente del Poder Judicial, sino también del Poder Legislativo", agregó.
El presidente del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), Mariano Lovelli, dijo que es necesario que el Gobierno realice una audiencia pública, para "volver a discutir cuál es la racionalidad de las tarifas".
"Aparentemente harían algún tipo de modificaciones o retoque, por lo tanto parcialmente ya están empezando a admitir el error en la materia. No se puede establecer un monto razonable si el Gobierno no muestra cuál es la estructura de costos y el plan de inversión, una serie de elementos que permiten entender si un aumento tarifario es razonable. Esto se hace en la audiencia pública", dijo Lovelli en diálogo con Télam Radio.
En este contexto, consideró que "si uno es dueño de una empresa pone el precio que se le antoja y después el mercado le da la razón o no, pero las tarifas públicas es algo muy distinto. Yo creo que por eso (los funcionarios) andan a prueba y error, porque no terminaron de entender que conceptualmente están en otro lugar, el Estado no es una empresa”.
"Los usuarios que todavía no pagaron las facturas que esperen unos días a ver cómo avanza la cuestión en relación al amparo, porque hoy está suspendido el tarifario con el aumento. Hay que ver qué sucede esta semana, que seguramente habrá una definición al respecto", recomendó.
En tanto, las empresas Transportadora Gas del Sur y del Norte (TGS) y (TGN) advirtieron que sin un aumento en las tarifas, se pone en riesgo la continuidad del servicio. "Luego de más de 14 años de un histórico retraso en las tarifas, el sector regulado del gas natural compuesto por las licenciatarias de transporte y distribución comenzó a recuperar la institucionalidad, los mecanismos previstos en las leyes, las normas y los marcos regulatorios", expresaron a través de un comunicado.
En ese contexto, las empresas licenciatarias de gas natural sostuvieron que "arrastran años de pérdida a nivel de resultado operativo debido al congelamiento tarifario y a los crecientes costos operativos, que ponían en riesgo la continuidad del servicio".
Además aclararon que ninguna de las dos empresas, tanto TGS como TGN, "recibieron en todos estos años ningún tipo de subsidio". En ese contexto, informaron que para moderar ese impacto se establecieron distintas medidas como "la Tarifa Social, beneficios por ahorros respecto a años anteriores, topes a los incrementos facturados y posibilidad de pagos mensuales".
