En medio de la discusión por el tesina de Ficha Limpia, el ex intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, y Guillermo Iglesias -esposo de la diputada Marcela Campagnoli- están a un paso del inteligencia vocal del delito de «suministro infiel en perjuicio de la suministro pública» por el supuesto uso irregular de fondos nacionales en obras del municipio.
La Neutralidad no determinó el monto total del perjuicio al Estado toda vez las obras se hicieron en forma parcial 409.460.345 pesos que al dólar de ese momento supera los 27 millones de dólares.
En febrero se terminaron de certificar todos los posesiones recibidos y se reanudó el plazo de citación a inteligencia. En tanto, en abril se recibieron los ofrecimientos de prueba. El inteligencia vocal se llegaría el año próximo.
El procesamiento fue dictado el año pasado por el árbitro federal de Campana, Adrián González Charvay. En aquella oportunidad, incluyó un secuestro de 100 millones de pesos, una inhibición normal de posesiones y la prohibición de salida del país para Ducoté y otros funcionarios que fueron parte de su mandato en Pilar.
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Más tarde, la Corte Suprema de Neutralidad rechazó la apelación presentada por la defensa, que buscaba se declare incompetente al fuero federal para que la investigación vuelva a fojas cero.
Ducoté aparece como el principal implicado, detrás asoma Iglesias, quien fuera ex secretario de Obras Públicas durante la mandato del PRO en Pilar. Iglesias es cónyuge de Campagnoli, una diputada de la Coalición Cívica, muy cercana a Elisa Carrió.
Marcela Campagnoli.
Iglesias llegó a la mandato de Ducoté en febrero de 2017. Por entonces aseguraba tener 30 primaveras vinculado a la obra pública desde el sector privado. Incluso había sido secretario de Obras y Servicios Públicos en Merlo. «Soy un hombre que hizo mucha obra pública, así que tengo experiencia», decía.
Procesaron a Ducoté por sospechas de corrupción con fondos nacionales
Encima de Ducoté e Iglesias, serán juzgados Juan Pablo Martignone (el patrón de Recibidor) Federico Leonhardt (presidente de la firma Vivienda y Hábitat Pilar), Osvaldo Caccaviello (ex director normal de Calles y Red Viario), Fernando María Bonafede (representante reglamentario de la UTE Vialme SA, Servicios y Gestiones SA y Alpin SA), Sandra Sosa (ex subsecretaria de Obras Públicas), Gabriel Adrián Astro (comisionado de la UTE Vialme SA, Servicios y Gestiones SA y Alpin SA), Sergio Miguel Russo (presidente de Tordel SA) y Norberto Giulianelli (representante técnico de Tordel SA).
La investigación se inició en 2019, por la denuncia de una concejal que acusó a Ducoté de irregularidades en la suministro de fondos recibidos del gobierno doméstico durante la suministro de Mauricio Macri; en particular, de capital destinados a la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales en el suburbio Peruzzotti.
Más tarde se sumó otra imputación vinculada con la realización de obras públicas de infraestructura en el suburbio Monterrey, incluso de Pilar, y una tercera por supuestas irregularidades vinculadas a un convenio celebrado entre el municipio y la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Empleo del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, el 26 de julio de 2016, para solventar mejoras en las condiciones edilicias y simplificar el paso a los servicios públicos a vecinos de Pilar. Se Discute del caso conocido como «microcréditos».
