El Gobierno quiere compensar a familiares de militares asesinados por la guerrilla

El Gobierno quiere compensar a familiares de militares asesinados por la guerrilla

El Gobierno está trabajando en un proyecto para darles subsidios a las familias de militares asesinados por grupos guerrilleros en los ‘70. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, consideró que es “legítimo” el reclamo de “quienes murieron defendiendo a la Patria”.

Durante un reportaje con Clarín, el funcionario sostuvo que la iniciativa tiene el aval de Mauricio Macri y que será impulsada en el Parlamento. La discusión sobre este tema siempre generó suspicacias. Para algunos, alimenta la teoría de los dos demonios. Para otros, genera justicia.

Avruj no se refirió a los militares que murieron durante la dictadura, sino en la previa al gobierno de facto, cuando todavía estaba Isabel Perón en el poder. “Estaban defendiendo la institucionalidad, bajo el régimen del servicio militar obligatorio. Deberían recibir una reparación del Estado”, manifestó en diálogo con Clarín.

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El secretario de Derechos Humanos criticó también los subsidios que, durante el kirchnerismo, se otorgaron a familiares de víctimas de grupos guerrilleros. “No lucharon por un ideal de respeto a los derechos humanos sino contra el orden constitucional”, dijo.

“Estamos trabajando ahora para que haya una ley reparatoria. Hay un proyecto del diputado Arce, que venimos impulsando desde el año pasado, que nosotros como secretaría de Derechos Humanos dimos el aval, a su vez con el aval del presidente Mauricio Macri, y se está trabajando para consensuarlo, y esperamos tenerlo cuanto antes”, manifestó en diálogo con Clarín.

Avruj cuestionó el exceso en el otorgamiento de subsidios a víctimas de terrorismo de Estado: “El estimado que tenemos, y que distintas fuentes coinciden, es cercano a 30.000 millones de pesos, a valor actualizado. Tenemos que recordar que hay leyes desde 1991, desde la época de Menem. Y después hubo una exageración en el gobierno de Cristina Kirchner, que fue la última ley, que habilitó a tener un resarcimiento económico a todos aquellos que demuestren haber sido privados de libertad desde 1975 hasta 1983, por cualquier causa política.