La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en todos los aspectos de nuestras vidas, y el sistema judicial no ha sido la excepción. En particular, el ámbito laboral ha experimentado una parálisis casi total debido a la suspensión de audiencias por juicios laborales desde marzo de 2020. Esta situación ha generado una acumulación masiva de casos y ha exacerbado la lentitud habitual de los procesos judiciales laborales.
En la ciudad de Buenos Aires, se encuentran ubicados los 80 juzgados laborales de la justicia Nacional del Trabajo, donde se tramitan los casos de despidos controvertidos y reclamaciones de indemnizaciones por accidentes laborales. Estos juzgados suelen ser el último recurso para los trabajadores de condición humilde que han perdido sus empleos. Sin embargo, durante la pandemia, la situación de lentitud habitual de los procesos judiciales laborales se ha multiplicado.
El proceso de un trabajador que demanda a su patronal implica pasar por una conciliación inicial. Si no se llega a un acuerdo en esta etapa, el reclamo se dirige a los tribunales. El trabajador inicia la demanda, que es notificada al demandado, quien presenta sus argumentos en respuesta. Ambas partes ofrecen pruebas para respaldar sus posiciones. Antes de la pandemia, los juzgados solían convocar audiencias para buscar una conciliación. Sin embargo, estas audiencias se suspendieron en marzo de 2020, según explicaron varios abogados laborales.
Pero las audiencias no fueron las únicas suspendidas. Una vez iniciado el expediente, las partes presentan testigos, tanto la empresa como el trabajador. Las audiencias de testigos, consideradas fundamentales para el avance de los casos, también se suspendieron. Además, se pospusieron otras audiencias importantes, como las de reconocimiento de pruebas.
Esta suspensión masiva de audiencias ha tenido un impacto alarmante en el sistema judicial laboral.Según una estimación mínima realizada por los abogados laboralistas, se estima que se suspendieron más de 150.000 audiencias durante la pandemia. Antes de la pandemia, cada juzgado llevaba a cabo nueve audiencias diarias en promedio, lo que se traducía en 151.200 audiencias por juzgado en 210 días hábiles. Esta acumulación de casos ha generado una demora considerable en la resolución de los juicios laborales.
La situación resultante es una clara denegación de justicia y refleja la falta de inversión tecnológica y la desidia de años en el sistema judicial laboral. Los trabajadores se han visto privados de su acceso a la justicia, que es la única vía para reclamar por despidos o accidentes laborales. Nadie parece hacerse cargo de esta situación, desde la Corte Suprema, responsable del funcionamiento del Poder Judicial, hasta el Consejo de la Magistratura y la Cámara del Trabajo.
La demora promedio en la resolución de los juicios laborales, que ya era de aproximadamente cuatro a cinco años antes de la pandemia, se estima que se extenderá al menos tres años más debido a la suspensión de audiencias durante la crisis del coronavirus. Esto implica que los trabajadores deberán esperar entre ocho y nueve años para obtener una resolución en sus casos, lo cual es claramente inadmisible.
La importancia de las audiencias y el acceso a la justicia
Los abogados laboralistas subrayan la importancia de las audiencias en los juicios laborales, especialmente las declaraciones de los testigos. Antes de la pandemia, las declaraciones de los testigos ya planteaban desafíos debido a la relación laboral existente entre los testigos y la parte demandada, lo cual podía generar situaciones incómodas. Con la implementación de declaraciones remotas, surgieron varios inconvenientes adicionales, como la falta de conectividad de los testigos en sus hogares y la posibilidad de interferencias o condicionamientos durante su testimonio.
La suspensión masiva de audiencias no solo ha afectado a los casos en curso, sino que también ha generado una acumulación de audiencias fijadas en 2019 que no se llevaron a cabo en 2020. Además, se han iniciado nuevos juicios laborales durante la pandemia debido al agravamiento de la situación económica, a pesar de la prohibición de despidos y la aplicación de la doble indemnización desde 2019.
Ante esta situación crítica, los diferentes sectores que representan a abogado laboral han recurrido a la Cámara del Trabajo para buscar mejoras en la situación. Sin embargo, la Cámara no tiene fondos para abordar el problema, y se requiere la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para proporcionar los recursos necesarios y encontrar soluciones efectivas.
Entre las posibles soluciones se plantea aumentar los recursos destinados a mejorar la conectividad de los juzgados y contratar personal temporal que se encargue de poner al día las miles de audiencias atrasadas. Además, es fundamental invertir en tecnología para digitalizar los expedientes y facilitar la realización de audiencias de manera remota.
En conclusión, la suspensión masiva de audiencias por juicios laborales durante la pandemia ha generado un obstáculo significativo para el acceso a la justicia de los trabajadores. La acumulación de casos y la demora en la resolución de los juicios laborales plantean serias preocupaciones sobre la efectividad del sistema judicial y la garantía de los derechos constitucionales de los trabajadores.
Es imprescindible que las instituciones responsables tomen medidas urgentes para solucionar esta crisis estructural y garantizar un sistema judicial laboral eficiente y accesible para todos.
