Elisa Carrió denunció a Alberto Fernández y Ginés González García por «envenenamiento» por la compra de la vacuna rusa

Elisa Carrió presentó una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández, el ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria Carla Vizzotti por la compra de vacunas Sputnik V al gobierno de Rusia.

La titular de la Coalición Cívica-ARI apuntó que los funcionarios atentaron “contra la salud pública”, defraudaron al Estado e incumplieron sus deberes de Funcionario Público en las “gestiones, contratación y firma de contratos con el gobierno de Rusia para la reserva, adquisición y comercialización de la vacuna Sputnik V”.

La denuncia incluye además a “cualquier otro funcionario que hubiera participado en gestiones, contratación y firma de contratos con el gobierno de Rusia, para la reserva, adquisición y comercialización de la vacuna SputNik V”.

Todos ellos “podrían estar incursos en la posible comisión de los delitos de los delitos de atentado contra la salud pública; defraudación al Estado, Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público, sin perjuicio de otras calificaciones, de acuerdo a los hechos que pasamos a detallar”, dice el documento que trascendió en las últimas horas.

La denuncia considera que se trata de una “operación comercial sin precedentes”, y que “no sabemos si será apto para humanos de entre 18 a 60 anos, pero que si sabemos, no lo será para cumplir -de momento- la finalidad de proteger a los adultos mayores”.

«No existe razón fundada para que, una tratativa comercial y sanitaria de esta dimensión, se mantenga en un canal hermético reservado a un minúsculo grupo de funcionarios. Mucho menos cuando esa negociación bilateral, se lleva adelante con un país a cuyo mandatario, le repugna la publicidad de los actos de gobierno», cuestionaron en relación a Vladimir Putin.

El documento indica que no se sabe cuánto pagó el Estado argentino por las 300.000 dosis de la vacuna desarrollada en Rusia, “un producto cuya respuesta inmune se ignora y que no garantiza la seguridad de la población sometida a su aplicación, porque se ignoran los efectos colaterales y/o adversos”. La denuncia indica que “la contratación y adquisición de esta vacuna, parece haber desplazado las otras opciones que ya completaron sus fases de experimentación y que han comenzado a aplicarse en países europeos y EEUU”.

“De momento, se ignoran las razones, dado que los funcionarios del Poder Ejecutivo, mantienen reuniones y tratativas secretas con funcionarios rusos, a espaldas del pueblo argentino y de sus representantes en el Congreso de la Nación, pese a la trascendencia e interés público”, afirma.

La denuncia dice que este hecho pone al país ante “una doble alarma”: “Por un lado, como amenaza cierta a la integridad y protección de la salud pública de los argentinos que deban acceder a su aplicación y, por otro la posible defraudación al Estado, al avanzarse sobre una erogación multimillonaria, por un producto no apto para inmunizar a los receptores”. “La dimensión de esta operación implementada desde el vértice mismo del Poder Ejecutivo de la Nación, admite una urgente intervención, a riesgo de desencadenar consecuencias indeseables y aún irreparables a escala general”, agrega el documento.