Así fue la primera jornada del juicio contra Cristina Kirchner y exfuncionarios por la obra pública
La senadora y ex presidenta Cristina Kirchner afronta el primer juicio oral y público en su contra, por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz durante sus dos mandatos.
En la primera jornada, la ex mandataria escuchó durante más de tres horas la lectura de los cargos por los cuales fue procesada junto a los detenidos ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obra Pública José López y otros acusados.
Cristina Kirchner, flamante precandidata a vicepresidenta en fórmula junto a Alberto Fernández, arribó minutos antes de las 12 del martes a los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, en medio de una fuerte custodia y acompañada por dirigentes políticos y militantes que fueron a brindar su apoyo.
En una audiencia colmada, que incluso obligó a que se habilitara otra sala contigua para el público, el juicio comenzó con la presencia de la ex mandataria, quien se sentó detrás de los ex funcionarios Julio De Vido, José López y el dueño de Austral Construcciones.
Los fiscales de instrucción del caso Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques la acusaron de ser jefa de una asociación ilícita creada a partir de la llegada del fallecido Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación para «sustraer fondos públicos en beneficio del socio del ex presidente, Lázaro Báez».
Sentada en la última fila de la sala de audiencias y de espaldas al blindex que la separó de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, ubicadas entre el público, la ex presidenta siguió la lectura entre comentarios con su abogado, Carlos Beraldi, la lectura de su teléfono celular y sonrisas.
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De acuerdo al texto base de la acusación que se ventilará en el juicio, hubo una «matriz de corrupción» que tuvo como fin la «defraudación al Estado Nacional, y lavado de dinero a través de la obra pública vial» y la sustracción «de fondos públicos».
Según la investigación, las empresas de Báez en Santa Cruz recibieron el 80 por ciento del total de la obra pública en esa provincia en el kirchnerismo y la cobraron en su totalidad pese a que gran parte no estaba terminada.
De Vido, López, Carlos Kirchner son considerados organizadores de la asociación ilícita para «cometer delitos de forma estable y permanente por más de doce años» con la «sustracción de fondos públicos».
«Convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad seleccionando a la provincia de Santa Cruz como el lugar en donde con la colaboración de funcionarios locales se ejecutaría la matriz de corrupción», agregó la acusación.
En total se juzga a trece acusados, todos los cuales concurrieron a la primera audiencia de manera obligatoria: Cristina Fernández de Kirchner, Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Nelson Guillermo Periotti, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Antonio Báez, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibañez y Abel Claudio Fatala.
Al comenzar, el presidente del Tribunal, Gorini, pidió a los imputados estar atentos al juicio y fue cruzado por el abogado Maximiliano Rusconni, defensor de De Vido, quien intentó formular un planteo pero el juez le dijo que no era el momento y que se debía dar comienzo a la lectura del requerimiento de elevación a juicio.
El rechazo del magistrado se debió a que aún quedan pendientes planteos de las partes que la Corte Suprema de Justicia no resolvió y que apuntan a decretar la nulidad del juicio.
Así, el secretario del Tribunal comenzó a dar lectura del requerimiento hecho por los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques con el cual la causa pasó a etapa de juicio oral y público.
La estimación es que la lectura de la acusación llevará entre tres o cuatro días y luego el Tribunal dará pie a los planteos preliminares de las partes, para más tarde permitir la indagatoria de los 16 acusados que tiene el hecho.
En el juicio se evalúa cómo fue la adjudicación de 51 obras viales a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz, donde hubo una presunta concentración en detrimento de otros estados provinciales: en la actualidad está en curso una pericia a cargo de expertos contadores de la Corte Suprema de Justicia sobre cinco de ellas para determinar si existieron sobreprecios.
