Paros, marchas, piquetes y acampes se convirtieron, una vez más, en parte del paisaje cotidiano de los argentinos. Según un estudio publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los niveles de conflictividad social y laboral sufrieron en agosto un incremento del 77 por ciento.
Las palabras que dijo el ayer Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en el acto central de la movilización que reunió a más de 20 mil trabajadores frente al Congreso Nacional, son un indicio de esta realidad: “si la política económica no cambia, vamos a hacer 20 paros más”. Encabezaban la medida de fuerza los gremios docentes, estatales, judiciales y médicos.
Los nombres de las centrales sindicales rotan, pero más de la mitad de los reclamos se aúnan bajo la misma consigna: “recomposición salarial”. En este sentido, la segunda es la “reincorporación de despedidos y suspendidos”, con un aumento del 22 por ciento y que representaron casi el 75 por ciento de los reclamos originados en los sectores privados. En cuánto a las zonas donde hay mayor cantidad de protestas, la provincia de Buenos Aires, donde ayer hubo un acatamiento docente superior al 90 por ciento y los médicos llevan adelante su segundo paro por 48 horas, lidera el ranking con el 21 por ciento; seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 12,5.
A pesar del creciente número en los reclamos, la Central General de los Trabajadores (CGT), que goza de nuevas autoridades y una reluciente unificación, aún no ha convocado a ninguna clase de protesta y se mantiene en una postura dialoguista con el Gobierno Nacional. Héctor Daer, uno de los líderes de esta central, aseguró que antes de anunciar un paro esperarán “las respuestas que ofrezca el gobierno a las demandas gremiales” que le presentarán en la reunión del próximo jueves en el Ministerio de Trabajo.
