Veintitrés allanamientos y seis órdenes de presentación entre el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, 50 mil dólares y más de 7 millones de pesos.
Ese fue el resultado del operativo dispuesto por Alicia Vence, jueza federal de San Martín, en domicilios y galpones de punteros de la Corriente Clasista y Combativa en el marco de una investigación que se aceleró en el último semestre y que llamativamente llevó a Alberto Fernández a recibir este miércoles a dirigentes de esa y otras organizaciones sociales, como una señal de “solidaridad” por lo que calificó como “persecución judicial”.
“Se secuestraron planillas de asistencias con nombres y apellidos de personas afiliadas a la organización social, que tenían al lado un monto de plata. Se está investigando qué exigían”, explicaron a este diario fuentes policiales.
La investigación fue iniciada por el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Cambiemos por una serie de denuncias anónimas por supuesta extorsión por parte de beneficiarios de planes sociales, agrupados en la CCC que lidera el diputado Juan Carlos Alderete, que resaltaron, según las fuentes, que debían aportar a la organización.
“Yo lo que tengo es plata, toda la plata de la CCC y la puta que lo parió (sic). Tengo la plata de nacional y la plata de la zona, me da una bronca terrible porque es la plata que usamos para los viajes y todo eso”, se desahogó Raquel Fleischman en una charla telefónica mientras la Justicia llevaba adelante los allanamientos ordenados por la Justicia -tuvieron lugar el pasado 5 de julio-, cuyo audio fue revelado en estas horas por el periodista Rodrigo Alegre en TN.
La mujer, según fuentes al tanto de la causa, sería una dirigente de la CCC que estaría a cargo de la “recaudación” de la organización, que nuclea miles de planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social.
“Me sorprende, esto es una causa armada. Vamos a demostrar que hay una campaña de coordinación nacional con algunos medios. Nos tratan como si fuésemos una mafia de secuestradores, pero vamos a ir a fondo, no se puede mostrar un audio de teléfono en los medios de comunicación. No conozco a esa mujer, y vamos a pedir con los abogados la anulación de la causa que es por averiguación de delito“, respondió Alderete a la consulta de Clarín.
Allanamientos en Paternal y Laferrere
De los 23 allanamientos -mayoritariamente en San Martín, en el conurbano-, hubo dos que acapararon la atención de la Justicia: un domicilio en el barrio porteño de La Paternal, sobre la calle Tres Arroyos, y otro en Laferrere, en La Matanza, en el corazón del Gran Buenos Aires.
En el primero, secuestraron algo más de 5 millones de pesos y 50 mil dólares; en el segundo, los investigadores se llevaron dos millones de pesos. La escucha corresponde a la mujer que se encontraba en el momento del operativo en la vivienda de la Ciudad.
“Estoy acá en mi casa, viene la cana, vienen a joderme acá a mi casa (…) De eso no tengo nada”, le dice puntera a una amiga, según la transcripción telefónica, que le consulta por los papeles “de altas y bajas de desarrollo”. “Si está solamente la guita, está solamente la guita, después vemos como se justifica, pero el tema es el celular, negra”, le contesta la otra mujer.
La Justicia tiene dos líneas de investigación: la venta de mercadería que el Ministerio de Desarrollo Social terceriza en los movimientos sociales y la supuesta exigencia de dinero a los beneficiarios.
En el caso de la mercadería -los investigadores están abocados a indagar en la trazabilidad de la misma-, fue secuestrada en un galpón del barrio porteño de Retiro.
Ahora, la Justicia deberá investigar la procedencia de los fondos, que fueron depositados en un plazo fijo. Hasta este jueves, nadie de la CCC se había presentado en el juzgado federal de San Martín para reclamar, ni por los dólares ni por los pesos.
