Unos 52 concejales y funcionarios de todos los partidos políticos en Salta fueron procesados y algunos condenados a penas de prisión en suspenso tras descubrirse que habían cobrado, cuando no les correspondía, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que el gobierno nacional otorgó en el momento más duro de la pandemia de coronavirus.
Entre los involucrados figuran el intendente de la ciudad salteña de El Quebrachal, Rolando Rodolfo Rojas; el diputado provincial por Santa Victoria Oeste, Osbaldo Francisco Acosta; y el ex gerente de la ANSeS Fabio Vera Ramires, quien se desempeñaba como asesor en la Cámara de Senadores bonaerense cuando cobró el IFE
Para no ir a juicio, los funcionarios públicos hicieron acuerdos judiciales que incluyeron devolver el dinero el cobrado, unos 1.400.000 de pesos; donar el equivalente a dos meses de salarios; hacer trabajos comunitarios; y no poder presentarse a elecciones.
La jueza subrogante Mariela Giménez, del Juzgado Federal de Garantías N°2 de Salta, y el fiscal federal Ricardo Toranzos tuvieron a cargo la causa.
Quiénes son los concejales que cobraron el IFE en Salta
- Guillermo Alemán y Antonieta Ordóñez (Aguaray)
- Raúl Arroyo, María Valdiviezo y Claudia Subelza (Salvador Mazza)
- Héctor Barraza, Marta López y Analía Leal (Orán)
- Iván Basterra (Pichanal)
- Paula Brete (General Pizarro)
- Silvia Concha y Paola Cantarella (Hipólito Iirigoyen)
- Juan Dávila y Noemí Egüe (Embarcación)
- Alfonsina Díaz Magnelli, David Silva y Stella Maris Pérez (General Güemes)
- Guillermo Gutiérrez (Las Lajitas)
- Norberto López (Seclantás)
- Maribel López (Santa Victoria Este)
- Hugo Luna Castro y Ricardo Sánchez (Cachi)
- Francisco Pereyra, Santos Palma y María del Valle Torres (Rivadavia Banda Norte)
- Walter Raposo (Chicoana)
- Marcos Rosas (Rosario de Lerma)
- Carlos Sánchez (El Potrero)
- Daniel Tilca (Vaqueros)
- Mónica González y José Reynaga (San Lorenzo)
- Luis Coronel (El Carril)
- Marcelo Segundo (El Bordo)
- Héctor Cari (Guachipas)
- Daniel Casimiro (La Poma)
- Franco Córdoba (San Antonio de los Cobres)
- Raquel Gerez (Río Piedras)
- Gabriela Cazón (Aguas Blancas)
- Leandro Gerónimo (Payogasta)
- Ricardo Díaz y Antonio Benítez (Santa Rosa)
- Jesús Cuellar (Urundel)
- Nicolasa Maras (Los Toldos)
- Ludmila Borujow, Héctor Fernández y Nilda Rojas (Quebrachal9
- Héctor Chauqui (Angastaco)
- Julio Laxi (Animaná)
- Visitación Mónica Juárez (Rivadavia Banda Sur)
- Nancy Quiroga (Santa Victoria Oeste)
Funcionarios del PAMI que también cobraron el IFE acusaron a La Cámpora
Además, el fiscal Toranzos investigó a tres funcionarios con cargos jerárquicos en el PAMI: Viviana Fernández, Emilia Juárez y Javier Navarreta, que se desempeñaban en distintas localidades.
En el caso de Fernández y Navarreta fueron condenados en un juicio oral y público a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y ser empleados públicos. Juárez, en tanto, fue absuelta.
En el juicio, dos de ellos dijeron que pidieron el IFE para poder completar su sueldo porque de sus haberes debían entregar el 20% a la agrupación kirchnerista La Cámpora, porque a través de ella habían conseguido el cargo público, indicó el portal Infobae.
También fueron investigados otros nueve trabajadores de la Municipalidad de General Pizarro, situada en el sur de Salta.
Cómo surgió la investigación a los concejales que cobraron el IFE
Según fuentes judiciales, al momento de presentar el caso el fiscal destacó que la investigación se inició como consecuencia de informes periodísticos difundidos en de julio del año pasado, que daban cuenta de la posible defraudación al Estado Nacional cometida por funcionarios públicos.
La sospecha de irregularidades surgió después del entrecruzamiento de información de la página de ANSeS con los datos personales de funcionarios electos, la mayoría de ellos concejales, quienes habrían iniciado el trámite para el cobro del IFE, el beneficio creado para ayudar económicamente a los sectores más vulnerables frente a la situación de emergencia sanitaria originada por la pandemia.
La ayuda económica estaba dirigida a las personas con trabajo informal o en calidad de monotributistas de las categorías más bajas. Toranzos sostuvo que los funcionarios acusados hicieron las gestiones para el cobro del IFE pese a que tenían un trabajo en relación de dependencia, «uno de los requisitos que fue claramente explicitado en el decreto”, explicó.
El fiscal, además, destacó que por ser funcionarios públicos los acusados debían proteger los bienes del Estado Nacional. Por esa razón les imputó también el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
 que el gobierno nacional otorgó en el momento más duro de la pandemia de coronavirus.){kind=link}