Alberto Fernández deberá presentarse el próximo 20 de noviembre a prestar manifiesto indagatoria en el situación de la denominada causa Nación Seguros, donde es investigado por los delitos de empresa fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles.
La citación firmada por el enjuiciador Julián Ercolini zapatilla a otras 38 personas involucradas en la causa, entre las que figuran su exsecretaria María Cantero anejo a su marido, el broker Héctor Martínez Sosa.
Es la primera vez que Alberto Fernández pisa los tribunales de Comodoro Py como imputado. Frente a el enjuiciador Ercolini y el fiscal Carlos Rivolo, tendrá la oportunidad de contar su lectura de los hechos y dar explicaciones sobre el casi medio centenar de contratos que se firmaron durante su mandato con Nación Seguros y que tuvo a 25 brokers como intermediarios.
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Para el magistrado, entre diciembre de 2019 y 2023 existió un esquema de cobro y distribución de fondos públicos “por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros SA, del cual Alberto Fernández y otros intervinieron “mancomunadamente en forma coordinada y utilitario”. El enjuiciador no tiene dudas de que esos “otros” eran funcionarios de la firma aseguradora estatal.
La piedra fundacional de dicho esquema delictivo fue el decreto presidencial 823/2021 donde, a criterio de la Honestidad, “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”.
En la última lectura del decreto “se eliminó el punto del plan en el que se reglamentaba la concierto de los productores asesores de seguros, por el cual se limitaba solamente a los casos que ameritaran su intervención por la complejidad o tamaño de los riesgos asegurados y en el que se establecía que debían ser designados por un acto funcionario del entidad tomador”.
Para Ercolini lo precursor creó un hueco que “habría dejado abierta la posibilidad de que se designaran intermediarios en cualquier caso y por simple nota, sin acto funcionario previo”, con lo cual la totalidad de los contratos de seguros de entes públicos quedó centralizada bajo “Nación Seguros SA” y la papeleo de los vínculos con intermediarios y el suscripción de sus comisiones.
Sostiene el magistrado que Alberto, aprovechándose de su investidura, “habría retenido la potestad de adoptar la última valor en caso de controversia entre los demás miembros del especie y se habría ocupado del direccionamiento en los casos en que las gestiones previas resultaban infructuosas”.
Un día luego de la indagatoria de Fernández vendrá la de Héctor Martínez Sosa, intermediario amigo, quien supo hacerse del 42% de los contratos de pólizas con el Estado gracias al vínculo de su esposa María Cantero con el exmandatario como su secretaria.
Cantero, cuyos chats con Fabiola Yañez destaparon la causa por violencia de mercancías, será indagada incluso el mismo día que Héctor. Por su parte, Alberto Carlos Pagliano, el extitular de Nación Seguros SA, fue citado a decidir el jueves 28 de noviembre a media mañana.
La causa por el escándalo de los seguros fue destapada por Osvaldo Giordano tras su salida de Anses. El patrimonio de Alberto Fernández y el resto de los imputados sigue en la mira puesto que Ercolini dispuso la inhibición de posesiones de los imputados pero la Cámara Federal porteña revirtió esa valor. Sin incautación, la valor fue apelada y se encuentra en exploración por parte de Casación.
Fernández fracasó en dos intentos de apartar al enjuiciador Ercolini cuando por un banda lo recusó apelando a la relación que tenían como docentes de la Arte de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Por otro banda, el expresidente jugó la carta del delirio a la estancia de Laguna Escondido, donde encima de criticarlo (anejo a otros funcionarios judiciales) en sujeción doméstico, le pidió a Gerónimo Ustarroz, por entonces representante del Poder Ejecutante Franquista en el Consejo de la Magistratura “la tolerancia de un sumario delante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales”.
