El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, negó esta mañana la autorización a la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvia Majdalani a viajar a Estados Unidos para vacacionar.
La negativa es por «riesgos procesales», en alusión al supuesto riesgo de fuga en el marco de la causa en la que se la investiga por un presunto espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos.
Procesaron a Gustavo Arribas y a Silvia Majdalani por espionaje ilegal
El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, comocoautores de «acciones de inteligencia prohibidas» y «abuso de autoridad» por espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires.
Los procesamientos fueron dispuestos en un desprendimiento del caso D´Alessio, en el que se investigan maniobras de espionaje político desplegadas desde las denominadas «bases AMBA» durante los años 2016 y 2017.
El espionaje habría tenido como objetivo a dirigentes políticos nacionales y territoriales, gremios y dirigentes gremiales, pero también a movimientos sociales, espacios comunitarios, actividades desarrolladas en comedores y escuelas y manifestaciones de cualquier tenor que pudieran ser leídas como contrarias a los intereses del expresidente Mauricio Macri.
El procesamiento, que incluye embargos de hasta 20 millones de pesos, es el segundo que pesa sobre los exjefes de la AFI: el primero, también por espionaje ilegal, lo dispuso el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge en la causa en la que se investigan maniobras ilegales realizadas sobre el Instituto Patria y el domicilio de la entonces senadora y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En el procesamiento, el juez Ramos Padilla concluyó que «existía una directiva de carácter general» que ordenaba a los agentes de la AFI «realizar inteligencia ilegal emanada de la máxima autoridad del organismo», es decir Arribas y Majdalani.
Para el magistrado hubo «órdenes concretas para investigar ilegalmente a las agrupaciones, movimientos y actividades contrarias a los intereses políticos o electorales de la entonces gestión de Gobierno, que fijaba los parámetros específicos de producción de información que era de interés recopilar».