La investigación por el triple crimen en Rosario continúa avanzando en el marco de un posible ajuste de cuentas por cuestiones realizadas a la venta de sustancias ilegales.
El caso, de características espeluznantes, pone nuevamente en superficie un drama que se padece en todo el país, a un promedio de 45 asesinatos registrados cada semana por «venganzas» en torno a las denominadas guerras de narcotraficantes, por el control de los territorios para la comercialización.
El dato fue proporcionado por Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA), relatando que «la situación excede a lo que sucede en Rosario, ya que en muchos puntos del país también hay muertes violentas todos los días, por disputas territoriales y comercialización de estupefacientes, y lo que venimos observando con absoluta claridad es que la virulencia en los hechos es cada vez peor».
«Hay un mensaje que los narcos le están dando a la sociedad, a los gobernantes. Mandan ellos en sus territorios, No es exclusivamente un tema entre grupos antagónicos. Marcan la cancha para que tengamos miedo, terror. Es muy necesario que se desarrollen políticas preventivas, porque de lo contrario tendremos mayor cantidad de muertos», dijo Izaguirre.
En relación al caso del triple crimen, trascendió ayer que Esteban Enrique «Pinky» Rocha, quien se casó el sábado con Brisa Milagros Leguizamón Ferreyra -quien cumplía prisión domiciliaria por narcotráfico- en la localidad santafesina de Ibarlucea, donde luego asesinaron a una pareja y a su beba de un año y medio, había sido excarcelado el año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal.
Los novios habían sido procesados acusados de «integrar una organización dedicada al traslado, acopio, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes cuya principal zona de influencia es el barrio La Cerámica, de la zona norte de Rosario, que funcionaría al menos desde abril de 2016 y en la cual distintas personas cumplen roles asignados», según pudo leerse en una de las resoluciones de la investigación del juez federal Carlos Vera Barros.
Fuentes policiales señalaron al diario La Capital que «la mujer tenía fijada prisión domiciliaria en un domicilio de Rueda al 200 bis, del barrio Tablada, en la zona sur de Rosario, al parecer porque tiene hijos pequeños a su cuidado, y el hombre había sido excarcelado por la Justicia Federal de Buenos Aires».
En junio de 2019, «Pinky» Rocha fue procesado con prisión preventiva como integrante de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes. Fue acusado por «tenencia con fines de comercialización, distribución y almacenamiento».
Al año siguiente el procesamiento fue confirmado, pero la defensa pidió que el acusado continuara el proceso en libertad. La Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal de Rosario, presidida por Aníbal Pineda, revocó la excarcelación.
