La Justicia bonaerense acaba de asestarle un verdadero golpe al jefe de los fiscales, Julio Conte Grand, al declarar el sobreseimiento de Pablo Moyano, vicepresidente de Independiente, dirigente camionero e hijo de Hugo Antonio Moyano, quien estaba acusado de encabezar una asociación ilícita junto a parte de la dirigencia y de la barra del club de Avellaneda.
La Jueza de Garantías Brenda Madrid -que subroga el juez del destituido Luis Carzoglio-, consideró, luego de “un pormenorizado análisis de actuaciones y del conjunto de los elementos” que no había suficientes pruebas contra Moyano hijo. Por eso dispuso el “sobreseimiento total”, muy a pesar de Conte Grand, quien sostenía que sobraban pruebas para encarcelarlo, incluso antes de que tuviera sentencia.
La denuncia había sido radicada por un barra: Pablo “Bebote” Álvarez, ex jefe de la barra del Rojo, quien acusó a Moyano por “defraudar al Club Atlético Independiente mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas”, “extorsionar, coaccionar, amenazar e intimidar” al plantel profesional, en busca de un rédito económico.
El caso se convirtió en un emblema del “lawfare” bonaerense, en el que articularon, con precisón relojera, miembros del Poder Judicial y medios de comunicación, con la colaboración especial de agentes y exagentes de inteligencia.
En abril de este año, el plan incluyó encarcelar a personas para, una vez en prisión, “apretarlos” para que acusen a Moyano a cambio de su libertad; allanamientos con el único fin de obtener “la perimetría” de lugares para darle solidez a las declaraciones armadas para inculparlos, pruebas reunidas en procedimientos sin custodia del material incautado; la utilización ilegal de figuras como “el arrepentido”, y un sinnúmero de otras anomalías.
Conte Grand fue clave para la jugada. Al Procurador se le asigna un rol clave en el apartamiento del juez Luis Carzoglio, el primero que rechazó el encarcelamiento de Hugo Moyano. El magistrado fue destituido, pero no se fue en silencio: denunció que la Procuración General lo quería “apretar” con “carpetazos” y “maniobras”.
El Procurador no se privó de opinar sobre la causa. “Hay pruebas para que (Moyano) esté imputado, y hay pruebas para que esté detenido”, sostenia en 2018. Decía más: “La prueba que se ha habido recabando va conduciendo a la convicción cada vez más fehaciente de que él no era un miembro más sino la cabeza de la organización”, agregaba.
Hoy, buena parte del andamiaje judicial y parajudicial que acorraló a Moyano parece desarticulado. Entre las caras visibles y conocidas queda la del procurador Julio Conte Grand. La jueza Brenda Madrid acaba de dejarlo expuesto una vez más. Los medios que condenaron de antemano a Moyano ya le atribuyen vínculos estrechos con el kirchnerismo.
En tanto que el fiscal de la causa, Sebastián Scalera, que depende orgánicamente del Procurador General, anticipó a esos mismos medios que apelará la decisión de Madrid.
