Durante la mañana de este miércoles se realizó un megaoperativo en las tres ferias que integran el predio La Salada, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.
Se trata de más de 500 allanamientos en todos los puestos de las ferias Urkupiña, Ocean y Punta Mogotes, con intervención de 2 mil efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, 100 de la policía Federal y 50 de la policía de la Ciudad, además de funcionarios de la Dirección de Migraciones.
El operativo fue dispuesto por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, el mismo magistrado que investiga a los denominados «reyes de La Salada», Jorge Castillo y Enrique Antequera (que se encuentran detenidos) por adulteración de marca en la venta de ropa.
En julio de este año, Villena dispuso la prisión preventiva de Castillo, al considerarlo líder de una asociación ilícita que amenazaba y extorsionaba a puesteros.
También se le imputa la «tentativa de homicidio» de uno de los policías que lo fue a detener el 21 de junio último a su casa, ubicada en un country del partido de Luján.
Es que el dueño de «Punta Mogotes», una de las tres ferias habilitadas que funcionan en La Salada, se resistió a los tiros cuando los efectivos se presentaron en su vivienda e hirió en la cara a uno de ellos.
Además de los delitos que se le imputan, el juez consideró que Castillo debe seguir detenido ante la posibilidad de que se fugue o de que entorpezca la investigación. Lo mismo resolvió sobre sus sobrinos, Adrián y Leandro; su hermano Hugo y su cuñada, Gladys Arrieta. En tanto, el administrador del complejo Urkupiña, Antequera, fue detenido a principios del mes de agosto.
El fiscal Sebastián Scalera, que sigue la causa La Salada, investiga a Antequera y a un grupo de barras de Boca Juniors, todos detenidos, por delitos de todo tipo: desde homicidios hasta privación ilegal de la libertad. Pero el capítulo del caso que más llama la atención es el que refiere al «ejército» paralelo que el dueño de la feria Urkupiña habría formado para controlar la «seguridad» en el predio. Según se desprende de la investigación, Antequera y sus muchachos cobraban «peajes» a ladrones y mecheras para robar con permiso entre los puestos.
