Los intendentes peronistas exigieron la emergencia alimentaria a Vidal
Los intendentes peronistas le llevaron este martes una carta a María Eugenia Vidal para exigirle que declare la Emergencia Alimentaria y les mande partidas de comida a los municipios.
Aseguran que tienen el diálogo cortado con la gobernadora y se movilizaron a la Casa de la Provincia para ejercer presión pública.
No es la primera carta que le llevan y es cierto que los intendentes desde hace tiempo insisten con la queja de que la gobernadora «no dialoga».
La comitiva del martes la encabezó la matancera Verónica Magario y la carta llevó la firma de unos 50 intendentes. La acompañaron Alberto Descalzo (Ituzaingó), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Walter Festa (Moreno) y Alfredo Fisher (Laprida).
Descalzo confió que recibió un llamado del ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano. Asegura que fue un diálogo de tono amable, pero que -al igual que las charlas con otros ministros de Vidal- no surten efecto. «Hay contactos con (Alex) Campbell, con algunos funcionarios, pero no con ella«, aseguran.
Desde el gobierno de Vidal retrucan que el teléfono de la gobernadora está abierto y se pueden programar reuniones. También aseguran que López Medrano se «enteró» del tema pero que ninguno de los intendentes les avisó de la movida de prensa que planificaron para hoy. Según los datos que difunden en la Provincia, el Ministerio de Desarrollo reforzó las partidas sociales desde septiembre en $700 millones.
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En contraste, los intendentes dicen que reciben cada vez menos alimento y que tienen los comedores «estallados» de gente.
«Si declara la emergencia lo que hace es obligarlos a entregar las partidas». Además, piden que les manden más bolsones, que se incrementen los cupos en los comedores escolares y que se inicie la apertura de comedores en colegios secundarios y de formación de adultos.
En el pedido a Vidal también hacen mención a la crisis que atraviesan las pymes y piden que instruya a la Agencia de Recaudación de la Provincia (ARBA) que considere la situación crítica en la que se encuentran los pequeños comerciantes -y en especial lo de los barrios más humildes- para que encuentre los mecanismos administrativos y legales para flexibilizar sus obligaciones tributarias.
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