El Gobierno de Macri enviará $ 2.703 millones al Correo Argentino
El Gobierno de Macri hará una transferencia de $ 2.703 millones, tanto para gastos corrientes como para inversiones, al Correo Argentino.
El Correo Argentino, una de las mayores empresas públicas del país, perderá este año $ 350 millones. Así lo afirma en el presupuesto que fue publicado este viernes en el Boletín Oficial.
Según los cálculos oficiales, la firma tendrá ingresos por unos $ 16.468 millones (aquí se cuentan también los aportes del Tesoro para gastos corrientes) y gastos por $16.819 millones. El Estado hará una transferencia de $ 2.703 millones, tanto para gastos corrientes como para inversiones.
El año pasado, Mauricio Macri desplazó al presidente de la compañía que había designado al asumir, Jorge Irigoin, por Luis Freixas Pinto, ambos ejecutivos que habían trabajado en las empresas de su familia. El nuevo titular estará a cargo de una reestructuración de la firma postal.
Para encarar el plan de modernización que el Gobierno de Macri prevé llevar adelante en los próximos 5 años, calculan una inversión de $ 473 millones, que serán aportados por el Tesoro.
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Esos fondos se van a usar, aseguran, para readecuar los edificios a la nueva oferta, ampliar la capacidad logística con nuevos centros de distribución y procesamiento, actualización tecnológica para el seguimiento y la administración de los envíos y mejora del parque tecnológico en sucursales. Además, habrá desembolsos ligados al servicio electoral.
El Correo emplea a 16.600 personas (en las que gastará entre sueldos y cargas sociales $ 11.335 millones) y tiene una red de 3.500 puntos de venta en 1.200 localidades, lo que lo convierte en la mayor cadena del país.
El Correo prevé que se repartirán este año 337 millones de piezas postales (menos que en 2017), con una mezcla de baja en el mercado postal tradicional y aumento de los servicios de paquetería y logística. También caerán 12% los telegramas, un negocio que está desapareciendo en el mundo.
En cuanto a los aumentos de precios, harán dos de 6% cada uno, en febrero y en agosto.
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Despidos en el Correo argentino
En enero de este año, los cuatros gremios que representan a los casi 16 mil empleados anunciaron que el procedimiento preventivo de crisis, que el Ministerio de Trabajo de la gestión de Macri, le aprobó a la empresa hacia fines del año pasado, incluirá el despido de cuatro mil trabajadores.
La maniobra se realizará en dos etapas donde la primera, inminente según los sindicalistas, incluirá la pérdida de 2500 empleos.
La medida de por sí es perjudicial, le permitirá además al directorio del Correo pagar solo el 50 por ciento del monto de indemnizaciones que corresponden por ley.
El Grupo Macri y el correo argentino
Por otro lado, en junio del año pasado, el fiscal federal Juan Pedro Zoni amplió la imputación contra el presidente Mauricio Macri en la causa en la que se investiga la supuesta condonación de una millonaria deuda por parte del Estado al Correo Argentino S.A., informaron fuentes judiciales.
El dictamen del representante del Ministerio Público alcanzó también al ministro de Comunicación, Oscar Aguad; a su representante en el concurso del Correo Argentino S.A., Juan Manuel Mocoroa, y a la jueza a cargo del proceso, Marta Cirulli, entre otros.
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En la ampliación de la imputación, sobre Macri y alguno de sus funcionarios, el fiscal solicitó que se investigue el presunto intento de vaciamiento de la empresa, aún durante el período en el que se encuentra sometida a concurso de acreedores, algo que había sido denunciado por la fiscal que interviene en ese expediente, Gabriela Boquin.
Por las presuntas maniobras de vaciamiento, Zoni imputó también a los directivos de las firmas Correo Argentino S.A., Socma S.A. y Simeco S.A. y a los síndicos intervinientes en el concurso de Correo Argentino S.A., según consta en el dictamen.
El dictamen de Zoni estuvo inspirado en otros dos escritos de Boquín: en uno se denunciaba el supuesto intento de vaciamiento de las cuentas del concurso de acreedores y, en el otro, la funcionaria manifestaba su oposición al pedido del gobierno nacional de suspender por 120 días una audiencia en el marco del concurso.
