Mendoza: multitudinaria marcha contra la megaminería
«¡El pueblo, unido, jamás será vencido!», le gritaron 50 mil vecinos y asambleístas de todas partes de Mendoza al gobernador Rodoldo Suárez para exigirle que vete las modificaciones hechas a la ley 7722 , que habilitan el uso de sustancias tóxicas para la megaminería. Hubo represión luego de que el gobierno mendocino rechazara el petitorio.
La concentración multitudinaria frente a la Casa de Gobierno fue la coronación de la «marcha más grande de la historia de Mendoza» , que partió ayer por la mañana desde distintos puntos de la provincia en «defensa del agua».
«El gobernador no se hizo presente en la Casa de Gobierno, pero entregamos un petitorio al secretario de Ambiento, Humberto Mingorance; estamos a la espera de una respuesta y si no decidiremos en asamblea cómo continuar», informó a este diario Mauricio Gnosis de la Asamblea Por el Agua de Tunuyán.
No obstante, el petitorio fue rechazado, tras lo cual se generaron protestas por parte de los manifestantes, que fueron respondidas con represión por parte de la policía provincial. Hubo corridas frente a la Casa de Gobierno.
La larga marcha contra la megaminería
La movilizacón partió en la mañana del domingo desde San Carlos y fue nutriéndose en su paso por las localidades de Pareditas, Eugenio Bustos, Jocolí, General Alvear, el Este, Uspallata y San Rafael. La caravan de autos, camionetas y bicicletas llegó a tener 12 kilómetros sobre la ruta 40. En la mañana de este lunes confluyeron en el nudo vial de la capital provincial para llegar hasta la Casa de Gobierno.
Además, se mantenían cortes de ruta como la Ruta del Mercosur, paso a Chile por la localidad de Uspallata. La manifestación tuvo su réplica en la Ciudad de Buenos Aires frente a la Casa de Mendoza.
«La movilización ha sido histórica y la única consigna ha sido la defensa del agua. Hasta el viernes, Mendoza tenía una ley que la protegía del uso de cianuro y ácido sulfúrico y se ha modificado como traje a medida de las mineras. El veto sería importante porque quedó demostrado que no hay licencia social», sentenció el diputado de Unión Popular, aliado del oficialismo, y ex intentende de San Carlos, Jorge Difonso, a PáginaI12.
La masiva marcha en «defensa del agua» comenzó a generar reacciones en las intendencias provinciales y en el arco político. «Sería importante que los intendentes expresen públicamentre su posición, mientras más se expresen será más posible que se consiga el veto», destacó el ex intendente de San Carlos y coautor de la ley 7722.
La masiva movilización provocó reacciones también el arco político mendocino y nacional. El presidente del partido del PJ mendocino, Guillermo Carmoma, le solicitó al gobernador que vete la ley . «Las movilizaciones son impresionantes, el peronismo tiene que estar del lado del pueblo», sinceró Carmona.
Por su parte, el senador electo por el Frente de Todos y flamante embajador en Francia, Fernando «Pino» Solanas, plantó su posición: «La Ley 7722 de Mendoza protegía el agua prohibiendo el uso de sustancias tóxicas en la minería. Esta norma había nacido en las calles. Su modificación significa una regresión ambiental que pone en peligro el futuro de la región».
En tanto, el diputado nacional José Luis Ramón exigió a Suárez que «escuche a la ciudadanía» y vete la norma modificada. «Por dinero baila el mono, pero el pueblo quiere agua limpia y ¡no podemos hacer oídos sordos!», sostuvo el presidente del bloque Unidad Federal y Equidad.
Por el momento, Suárez no promulgó la nueva normativa, pero abrió un campaña pública para defender la apertura de la provincia a la megaminería. Desde la cuenta oficial del Gobierno sostuvo que «la reactivación de la minería moverá recursos por alrededor de 349.234 millones de dólares» y «que la actividad pueda generar 17.550 puestos de trabajo durante la etapa de construcción de 6 proyectos».
Mientras que desde la UCR de Mendoza y la Secretaría de Ambiente, a cargo de Humberto Mingorance, salieron al cruce con mensajes en los que sostienen que los miles de movilizados son personas desinformadas y aseguran que los controles ambientales serán suficientes. Con respecto al debate sobre el uso del agua de la actividad minera, en una provincia en emergencia hídrica, desviaron a la discusión al mal uso de los recursos hídricos que hacen en el sector agropecuario.
«En las asambleas hay equipos de biólogos, geólogos y médicos que llevan años trabajando estos temas», recordó Gnosis sobre el conocimiento que surge desde la organización ciudadana contra la megaminería y confirmó que los abogados de las asambleas hicieron presentaciones judicialies por la violación del principio de no regresividad de la Ley General de Ambiente.
En cuanto a los controles ambientales, el asambleísta tildó de «ridículo» que «en una actividad donde se utilice cianuro pueda haber sustantibilidad». «Es un discurso muy pobre, sin base científica. En todas parte del mundo se han prohibido esta actividades», insistió.
Desde la parte productiva, el ex intendente de San Carlos señaló que «sin agua no hay producción agropecuaria, no hay vida». Agregó: «Es una ley manifestiamente inconstitucional y que va contra una estrategia de largo y media plazo para Mendoza, que lleva 10 años de crisis hídrica».
Respecto del ingreso de dólares inmediato que podría generar la actividad, Carmona, en diálogo con la AM 750, señaló que «no hay una linealidad entre la necesidad de divisas y los proyectos mineros», ya que, en caso de mantenerse la vigencia de las modificaciones, «va a demorar entre 5 y 6 años para que comience la actividad».
