El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA) ratificó este jueves que la detención de Milagro Sala es arbitraria y debe ser liberada inmediatamente. Los representantes de Naciones Unidas expresaron además su «preocupación» por el «uso excesivo de la prisión preventiva» en la Argentina.
Así lo expusieron dos de sus cinco integrantes al presentar las conclusiones preliminares de la visita que realizan al país. Aunque no se refirieron puntualmente al caso de la líder de la Tupac Amaru, destacaron que se mantiene «vigente» la opinión que brindaron en octubre del año pasado, cuando consideraron que su detención era «arbitraria» y que «no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva».
Advirtieron además que la invitación por parte del gobierno nacional demuestra que el Estado reconoce la competencia de este grupo y, en ese marco, debe también dar curso a las recomendaciones del mismo. De seguir incumpliendo la resolución, se elevará un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en donde se analizarán las responsabilidades del Estado.
Por otro lado, en sus conclusiones preliminares, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria recordó que, «conforme la Ley Nacional 24.390 promulgada el 21 de noviembre de 1994, la prisión preventiva debe utilizarse con carácter excepcional, luego de haberse considerado ciertos factores relevantes como el riesgo de fuga y el de obstaculizar la investigación, así como la complejidad del caso».
«El Grupo de Trabajo halla que este marco legal no se refleja en las prácticas del Poder Judicial, que tiende a otorgar la mayor parte de las solicitudes de prisión preventiva. Como resultado de ello, aquellos detenidos preventivamente constituyen alrededor del 60 por ciento de la población detenida dentro del sistema de justicia penal», puntualizó este cuerpo de la ONU, dependiente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
En este sentido, indicó que la cifra de detenidos bajo prisión preventiva es «superior en algunas de las instituciones visitadas por el Grupo de Trabajo» y puso como ejemplo que «el 75 por ciento de las personas detenidas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres en Ezeiza se encuentran en calidad de prisión preventiva».
También, el GTDA expresó su «alarma» por el hecho de que «las comisarías albergan detenidos durante períodos prolongados» y entendió que «esto surge principalmente del uso excesivo de la prisión preventiva en todo el país y de la falta de espacio en los centros de detención».
En otro orden, en un documento en el que volcó sus conclusiones preliminares, el Grupo sobre Detención Arbitraria remarcó que «es responsabilidad del gobierno federal garantizar que se cumplan todas las obligaciones jurídicas internacionales en todos los niveles dentro de su jurisdicción» y subrayó que «la estructura federal del país no debería obstaculizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina».
Asimismo, en otro de los apartados de sus conclusiones preliminares, el GTDA advirtió sobre el «impacto negativo en la situación general en materia de derechos humanos en la Argentina» que acarrea la demora en la designación de un nuevo Defensor del Pueblo de la Nación, y exhortó a las autoridades a que «redoblen sus esfuerzos y prioricen» el proceso para cubrir ese puesto, vacante desde el 2009.
