El polémico organismo, encabezado por Laura Alonso, envió requerimientos a los funcionarios nacionales para que aclaren si brindaron servicios a sociedades ubicadas en países considerados como paraísos fiscales, confirmaron a Noticias Argentinas fuentes de la oficina. Lo hizo después de numerosos cuestionamientos por parte de la oposición. De hecho, la diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer había pedido que «debería haber una persona con mayor grado de autonomía respecto al Gobierno» al frente de la Oficina Anticorrupción.
Además, les solicitaron que expliquen si esas actividades se incluyeron en sus declaraciones juradas.
Sucede que la Ley de Ética Pública estipula que los funcionarios deben incluir en las declaraciones patrimoniales sus antecedentes laborales.
En el caso de Aranguren, aparece en los Paradise Papers porque cuando se desempeñaba como ejecutivo de Shell integró los directorios de dos sociedades offshore, Shell Western Supply and Trading Ltd y Sol Antilles y Guianas Limited.
Al respecto, el ministro de Energía explicó el pasado martes que antes de entrar a la función pública desempeñó «el rol de director representante del accionista en alguna de las tantas compañías subsidiarias» de Shell y afirmó que «operar comercialmente en los países» considerados como paraísos fiscales «no es un delito».
En tanto, y según Noticias Argentinas, Caputo fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las islas Caimán, dos paraísos fiscales.
Este jueves, Alonso rechazó las críticas a su gestión, señalada por no actuar en situaciones en las que están involucrados funcionarios de la gestión del presidente Mauricio Macri.
«No tolero que digan que en la OA no se trabaja. Mi grupo de gente se enfrenta a los juicios de Once, Ciccone, de Carlos Menem, de José López, de Ricardo Jaime, y van a ir contra Cristina Kirchner y Julio de Vido», se quejó la exdiputada en declaraciones al programa Animales Sueltos de América.
A la vez, negó que exista un conflicto de intereses en los casos de Caputo y Aranguren.
«La ley de Ética Pública te permite renunciar en el ámbito privado y empezar mañana en la función pública. No podés intervenir en los asuntos de esa empresa. Esto cubre a cualquier persona, fue igual siempre con Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde. No hay conflicto de intereses. Le recomendamos a Aranguren que venda sus acciones. Y Macri firmó un decreto para que Aranguren no participara en las negociaciones con su exempresa (Shell). Caputo y el exministro Alfonso Prat Gay tenían una consultora, y antes de asumir la desarmaron», agregó Alonso.
 les solicitó este viernes explicaciones a los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y de Finanzas, Luis Caputo.){kind=link}