El presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil suspende el fallo que podría haber liberado a Lula
El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), José Antonio Dias Toffoli, se opuso a la liberación de Lula y suspendió esta tarde un fallo emitido poco antes por otro juez de esa misma corte que abría la puerta a la liberación del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, que purga una pena de 12 años de cárcel por corrupción.
“Concedo la suspensión de la medida cautelar para suspender los efectos de la decisión anunciada el día de hoy”
José Antonio Dias Toffoli, presidente del Supremo Tribunal Federal (STF)
Escribió Días Toffoli, poniendo fin así a un nuevo forcejeo judicial en Brasil en torno al ex mandatario.
Aurelio se apoyaba en un artículo de la Constitución que dice que una pena sólo puede ser ejecutada cuando se agota toda la fase de apelaciones y no una vez que la sentencia se confirma en segunda instancia, que es el caso de Lula Da Silva y de otras 169.300 personas que están en la cárcel.
La cautelar que originó todo el episodio fue dictada por el juez Marco Aurelio Mello, en solitario, quien ordenó liberar a los que condenados en segunda instancia que aún pudieran recurrir a otra instancia de apelación.
Conocida la decisión de Aurelio, la defensa de Lula Da Silva se presentó de inmediato ante la Justicia de Curitiba y pidió la liberación del ex presidente.
La sentencia contra Lula Da Silva fue ratificada en segunda instancia y la defensa apeló la decisión, la cual está en trámite. “Se torna imperioso el cumplimiento de la decisión emanada de la Suprema Corte”, reclamó su equipo de abogados.
Sin embargo, la procuradora general brasileña, Raquel Dodge, mostró su oposición a la decisión de Aurelio al considerar que podría causar “una grave lesión al orden y la seguridad”.
En respuesta a la procuradora, Toffoli se pronunció en el mismo sentido y así quedó sepultada la posibilidad de que Lula recobre la libertad.
El ex mandatario Lula Da Silva está detenido en Curitiba desde el 7 de abril, cumpliendo una pena de 12 años por corrupción pasiva y lavado de dinero.
