El proyecto que envió el Poder Ejecutivo a Diputados para habilitar el pago de los juicios a jubilados y un amplio blanqueo de capitales, prevé en su artículo 85 penas de prisión y multas para aquellos que difundan información relacionada con quienes sean parte de la regularización de activos no declarados, punto que afecta la garantía constitucional de la libertad de prensa.
E artículo establece: "Los magistrados, funcionarios judiciales o dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (…) y terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal". Esto quiere El texto agrega: "Los terceros mencionados precedentemente incurrirán, además, en una multa igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado".
Este punto será parte de la discusión del proyecto que hoy se comienza a analizar desde este mediodía, cuando vuelva a reunirse en la Cámara de Diputados el plenario de las comisiones de Presupuesto, presidida por el macrista Luciano Laspina, y de Previsión Social, a cargo del diputado de extracción sindical Héctor Daer.
El oficialismo tiene como objetivo firmar el dictamen de la iniciativa al cierre de esa reunión, aunque la oposición ya reclamó más tiempo para discutir un proyecto con tantas aristas y complejidades.
