Angelo Calcaterra, ex-dueño de la constructora IECSA, adelantó su indagatoria frente al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, en el marco de la causa que estudia el soterramiento del Tren Sarmiento, proceso en el que la compañía del empresario había sido favorecida como una parte de una UTE que asimismo integraban la brasileira Odebrecht y la italiana Ghella.
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El ejecutivo, que estaba convocado para mañana, llegó muy temprano a los tribunales de Comodoro Py, tal y como había sucedido la semana pasada, cuando se presentó como arrepentido en el caso de los cuadernos. Esta vez presentó un escrito para dar explicaciones por el presunto pago de sobornos para direccionar la licitación de este enorme proyecto.
En el escrito apuntó que IECSA no pagó coimas. «Si lo hizo Odebrecht fue por su cuenta», agregó. «La obra del soterramiento del Sarmiento no fue ilegal. Si hubo irregularidades fueron faltas administrativas, no delitos», añadió, conforme notificaron fuentes judiciales.
El empresario criticó el análisis que hizo la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Asimismo defendió la contratación de la asesoría de Manuel Vázquez, la mano derecha de Ricardo Jaime en la Segregaría de Transporte. Afirmó que se pagó en blanco y que está registrado a pesar de que la compañía es considerada una «empresa fantasma».
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Los avances de la causa
Martínez De Giorgi dispuso desde el mes de junio de este año una serie de declaraciones, en las que citó también al ex ministro de Planificación Julio De Vido; los ex secretarios de Obras Públicas José López y de Transporte Ricardo Jaime, y empresarios de las firmas Comsam, Ghella y Odebrecht, entre los que está mencionado Marcelo Odebrecht.
Según el llamado a indagatoria se detectaron una veintena de irregularidades en el proceso licitatorio del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.
«La falta de información concreta de la obra y la oportunidad en que se dio a conocer el pliego de condiciones particulares y especificaciones técnicas afecta gravemente la transparencia del proceso de selección. Dicho accionar reviste, por otro lado, aptitud para vulnerar los principios de concurrencia e igualdad a la vez que se presenta como la primera manifestación de una serie de simulaciones legales que dan cuenta de un quebrantamiento del normal desenvolvimiento de la administración pública», señaló el magistrado en su escrito.
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