El juez federal Julián Ercolini procesó a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por la compra irregular del edificio de la sede central del organismo, donde se sospecha que hubieron coimas.
La procuradora fue considerada coautora del delito de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública» y el juez ordenó un embargo sobre sus bienes por 7 millones de pesos.
Al ser indagada por Ercolini a fines de agosto pasado, la jefa de los fiscales había cargado la responsabilidad sobre un funcionario a su cargo por la compra del inmueble: se trata del edificio de la calle Juan Domingo Perón 667, donde tiene su cede la Procuración, y el cual se pagó 43.850.000 millones de pesos en 2013.
La empresa Arfinsa -del Grupo Bemberg- le pagó una comisión de 7.700.000 a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios por asesoramiento y ésta a su vez pagó 3 millones a Juan Carlos Thill, un productor de seguros y quien es medio hermano de Guillermo Bellingi, este último subdirector general de la Procuración en el momento de la licitación del edificio.
Según la acusación, la licitación estaba previamente planificada y direccionada hacia la compra de ese edificio y, en ese sentido, los investigadores evalúan una serie de contactos entre los acusados interesados en el inmueble.
En su descargo por escrito, al que le sumó las preguntas que hizo el juez Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, Gils Carbó aseguró que ella no cobró comisión alguna y que Bellingi «defraudó» su confianza.
