Lula da Silva teme ir a la cárcel antes de que empiece su campaña para las elecciones de octubre. Para evitar una eventual detención, la defensa del expresidente interpuso hoy un recurso de habeas corpus ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) mientras apelaba la condena por corrupción, pero su pedido fue rechazado.
«No se puede negar que la eventual restricción de la libertad de Lula tendrá desdoblamientos extra procesales, provocando intensa conmoción popular -contraria y favorable- e influyendo sobre el proceso democrático ante su anunciada precandidatura a la Presidencia», señaló el documento presentado en la mañana por los abogados Cristiano Zanin y Valeska Teixeira.
Anoche, la oficina de prensa del STJ informó que el vicepresidente del tribunal, Humberto Martins, negó el recurso a Lula por no considerar que hubiera un peligro inminente de que sea encarcelado de forma ilegal. «El habeas corpus preventivo tiene cabida cuando de hecho hubiera una amenaza a la libertad de locomoción y esté fundado en el temor del solicitante a ser preso ilegalmente. Y tal temor habrá de resultar de la amenaza concreta de prisión inminente«, señaló el juez.
El miércoles pasado, los tres magistrados del Tribunal Regional Federal de la 4» región (TRF4) confirmaron la sentencia contra Lula emitida el año pasado por el juez federal Sérgio Moro, aunque ampliaron su pena de nueve años y medio de reclusión a 12 años y un mes.
El exmandatario fue hallado culpable de haber recibido de la constructora OAS un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá a cambio de garantizar a la empresa contratos con la estatal Petrobras.
De acuerdo con el TRF4, el cumplimiento de la pena debería empezar no bien se agotaran los recursos ante la propia corte regional. Como se trató de un fallo unánime, la única apelación que le quedaría a la defensa en esta segunda instancia sería pedir «embargos de declaración», que buscan aclarar elementos del veredicto, aunque muy raramente modifican la sentencia.
Los abogados de Lula, sin embargo, quieren que pueda permanecer en libertad mientras apela a instancias superiores: el STJ y el Supremo Tribunal Federal (STF). Buscan así alargar los tiempos y permitir que Lula entre ya en campaña para los comicios de octubre como candidato del Partido de los Trabajadores (PT).
Según las encuestas antes de la ratificación de la condena, Lula es el candidato con mayor intención de voto (36%). Nuevos sondeos serán revelados en los próximos días. La legislación brasileña no permite que una persona condenada en segunda instancia por un órgano colegiado asuma un cargo público.
La defensa de Lula guardaba la esperanza de que el STF pudiera revertir la actual jurisprudencia que prevé que las penas de prisión deben empezar a cumplirse no bien se agotan los recursos ante la corte de apelaciones. Pero la presidenta del STF, Carmen Lucía Antunes Rocha, descartó que la condena pueda cambiar el entendimiento del máximo tribunal. «Sería reducir mucho al STF», dijo.
