Familiares de víctimas del atentado a la AMIA y la Fiscalía especializada que interviene en el caso reclamaron que se declare inconstitucional el Decreto 229/17 que firmó el presidente Mauricio Macri y que puso los documentos de inteligencia desclasificados bajo la órbita del Poder Ejecutivo.
Tanto los familiares como la Unidad Fiscal de Investigación del atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA expusieron esa postura en la audiencia de apelación del fallo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral que, en primera instancia, rechazó el planteo de inconstitucionalidad.
En la audiencia ante la Sala I de la Cámara Federal, pidieron que se anule el decreto de desclasificación de archivos que devolvió el control de esa documentación al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría AMIA y que esos documentos sean custodiados por la Fiscalía.
«El Estado primero nos trató de locas y nos dijo que esos documentos no existían. Después nos los entregó con restricciones y ahora nos los vuelve a sacar», cuestionó Laura Ginsberg, de la agrupación Apemia, en diálogo con Télam.
Los miembros de Apemia y los de Memoria Activa sostuvieron en la audiencia que el decreto cuestionado limita el control de la Unidad Fiscal de Investigación sobre los archivos desclasificados de la causa AMIA.
En la misma dirección, explicaron que le da intervención en esa tarea a la Unidad Especial AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hoy a cargo de Mario Cimadevilla, y a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, la exSIDE), implicada en el encubrimiento del atentado.
Por otra parte, Ginsberg remarcó en declaraciones a esta agencia que, hasta la publicación del decreto, las partes venían recibiendo informes sobre la desclasificación cada dos meses y desde entonces no los recibieron más.
«El decreto es un verdadero golpe a la posibilidad de investigar y conocer la verdad sobre la responsabilidad criminal que tuvo el propio Estado en la comisión del atentado terrorista y su posterior encubrimiento», sostuvo Ginsberg, querellante en el juicio en el que se ventila el desvío intencional de la investigación del atentado.
En el juicio por el encubrimiento se investiga qué papel jugaron distintos miembros del Poder Ejecutivo, los servicios de inteligencia y el Poder Judicial, entre otros, en el desvío de la investigación hacia pistas falsas.
Ginsberg denunció además un intento de «privatizar» los archivos desclasificados, al sostener que el Ministerio de Justicia impulsa una licitación para otorgar esa tarea a la firma Palantir, con sede en Palo Alto, en Estados Unidos.
