El titular del PAMI, Carlos Regazzoni, denunció hoy penalmente a su antecesor, el kirchnerista Luciano Di Césare, por supuestos manejos irregulares en los fondos de la obra social de jubilados y pensionados.
La denuncia, según fuentes judiciales, plantea que se debe investigar si Di Césare perpetró tres delitos: "defraudación contra la administración pública", "defraudación por administración fraudulenta", y "negociaciones incompatibles con la función pública".
Los abogados que representan a Regazzoni presentaron esta mañana la denuncia en la Cámara Federal porteña que recayó por sorteo en el juzgado federal número cuatro, de Ariel Lijo.
Desde noviembre pasado Di Césare ya está procesado por el delito de defraudación a la administración pública por haber comprado letras del Tesoro nacional con plata de los jubilados, de 2008 y 2012.
El juez federal Claudio Bonadio lo procesó al considerar que el funcionario "financió durante cinco años al Estado Nacional a costas de un evidente perjuicio a los beneficiarios de la obra social que son, principalmente, los abuelos jubilados y pensionados que necesitan la prestación".
Según el juez, las operaciones de inversión en letras del Tesoro por parte del PAMI entre 2008 y 2012 ascendieron a 14.810 millones de pesos. Bonadio resaltó que "esa operatoria la hizo sistemáticamente sin intervención de las áreas especializadas del Instituto (Gerencia Económica Financiera) y sin ninguna tramitación administrativa interna que aconsejara o resolviera conveniente la inversión".
La inversión "impidió" que la entidad "contara con fondos que debía aplicar a sus fines propios", consignados "en la ley 19.032" y no destinados "al financiamiento del Estado Nacional". A criterio de Bonadio, Di Cesare "abusando del cargo que ocupaba, desvió sumas de dinero de las arcas del PAMI, dándoles un destino diferente al que correspondía a sus fines propios y ocasionando, de esa manera, perjuicio en las prestaciones del organismo".
"Desde ese lugar, abusando de su cargo e incumpliendo sus obligaciones, logró llevar a cabo las maniobras tendientes a financiar al Estado Nacional, en detrimento del Instituto y sus beneficiarios. Para disimular el financiamiento del Estado Nacional que llevaba a cabo con dinero de la obra social de los jubilados, (Di Cesare) dispuso lo necesario para aparentar la existencia de fondos excedentes que en realidad no existían. De esa manera, pretendía justificar, desde el punto de vista formal, las suscripciones de letras del tesoro que realizaba", sostuvo el fallo.
Y "para tornar invisible la maniobra ilícita, se valió de una red de sucesivas y superpuestas suscripciones de letras del Tesoro", escribió Bonadio en la resolución a partir de una denuncia de la ex ministra y legisladora Graciela Ocaña.
