Tras el encarcelamiento del dirigente gremial de la Uocra platense Juan Pablo «Pata» Medina, renunciaron todos los integrantes de la cúpula del sindicato de la construcción en Bahía Blanca.
La decisión se tomó ante la creciente presión del gobierno de María Eugenia Vidal y por las múltiples sospechas de amenazas, extorsión, malversación de fondos, corrupción y enriquecimiento ilícito que los rodeaban.
«A los efectos de salvaguardar el buen nombre y honor de la UOCRA y hasta tanto se esclarezca judicialmente la absoluta inocencia de todos los involucrados de los delitos que se nos imputa», señalaron en un comunicado de prensa los sindicalistas encabezados por su jefe Humberto Monteros.
«Renunciamos a los cargos para los cuales fuimos electos por mayoría absoluta de los afiliados en elecciones ejemplares llevadas a cabo en diciembre de 2016, poniéndonos a disposición de la justicia», agregaron los gremialistas.
La Comisión Directiva de la seccional bahiense asumió en 2005, de la mano de Monteros. Según divulgó la prensa local en los últimos días, sobre esa delegación también pesan fuertes acusaciones, similares a las de La Plata.
La gobernación los acusa de «frenar» la construcción de al menos cuatro rutas provinciales y otro emprendimientos, como la Escuela Técnica N° 3, en conflicto con la empresa Niro Construcciones.
«Muchos de ellos recibieron 15 o más denuncias penales en los últimos 10 años por los delitos de amenazas, lesiones o daño, a partir de lo que se considera un aceitado mecanismo de extorsión», indicó el periódico La Nueva.
«Algunos, como el hoy líder seccional Humberto Arnoldo Monteros, tendría conductas cuestionables desde su faceta personal: está imputado por violencia de género. Su exmujer, Liz Garay, lo denunció ante la fiscalía en 2012, 2014 y 2016 por distintos ataques, y al menos el último sumario aún sigue en trámite», añadió el matutino.
Monteros quedó en la mira de los investigadores judiciales por la compra de un departamento, dos vehículos de alta gama Peugeot, otro de marca Ford y un tercero de la línea Volkswagen y por la ampliación y remodelación de una casa.
Además, lo cuestionaron por no poder explicar el origen del dinero para fundar una empresa de montaje, una de transporte de pasajeros con cinco combis y una rotisería, que sería la compañía prestadora de los catering «favorita» de los constructores. Antes de desembarcar como secretario general de la Uocra, declaró que vivía en una casilla montada sobre un terreno ocupado.
«Era opositor a Gerardo Martínez y alineado al kirchnerismo», detalló el periodista Mariano Martín.
Cerca de Monteros surgen otros gremialistas comprometidos. A Filiberto Vallejo lo acusan de usurpador. Tiene una pena de tres años de cárcel en suspenso por el delito coacción contra el expresidente del club Olimpo Jorge Ledo, en medio de la remodelación del estadio de fútbol. Lo «intimidó», dijeron los testigos.
Al secretario general adjunto y mano derecha de Monteros, José Burgos, lo denunciaron por intento de soborno en la construcción de un supermercado en la pequeña localidad de Pueblo San José, cuando era delegado gremial en Coronel Suárez. Burgos fue señalado públicamente por la gobernadora Vidal como el máximo responsable de la paralización de obras en el sur de la provincia de Buenos Aires. «Hoy tenemos cuatro rutas con obras que están paradas porque se exige que se contraten determinadas empresas de catering, de transporte y otros servicios por parte del gremio», expresó la jefa de Estado provincial.
«Obligan a los contratistas a contratar proveedores de comida, transporte y equipamiento, eso es un acto corrupto», afirmó Vidal, por lo que anunció días atrás que «la Justicia va a tener que intervenir».
A la Uocra bahiense también se la involucró en una violenta interna gremial, que incluyó balaceras a autos o casas, riñas y peleas callejeras, colocación y explosión de bombas, tomas de edificios públicos y sindicales, polémicas elecciones de dirigentes, entre otros trágicos episodios.
Muchas de las denuncias públicas y judiciales contra Monteros, Vallejo y Burgos fueron archivadas o no superaron las barreras mediáticas. Ahora, la cúpula del sindicato de constructores decidió dar un paso al costado para dar vía libre a la pesquisa judicial.
Sin embargo, en el comunicado donde se informó la renuncia, los gremialistas advirtieron que «una vez superada esta injusta coyuntura» retomarán su cargos para continuar «este irrenunciable derrotero» que comenzó «en diciembre de 2005 y que a lo largo de los doce años de gestión ha defendido derechos, salarios (120 acuerdos) condiciones laborales, un predio recreativo donde heredáramos un basural y las innumerables movilizaciones reivindicatorias para lograr una UOCRA mejor para todos».
