El Tribunal Oral Federal condenó a 16 represores por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino que funcionó en la Brigada de Investigaciones de San Justo durante la última dictadura cívico militar
El veredicto sumó una condena más a prisión perpetua para el genocida de la Bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz (la octava) y significó para otros, entre ellos Rubén “Víbora” Boan, la primera pena que reciben por su accionar durante el terrorismo de Estado. Además, los jueces exhortaron al Ministerio de Seguridad a desafectar el lugar en donde funcionó ese centro clandestino de detención y que hoy es sede de la Departamental de La Matanza para convertirlo en Espacio de Memoria, un reclamo que vienen sosteniendo sobrevivientes, familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas desde hace mucho tiempo.
El TOF 1 de la Plata, integrado por por los jueces Alejandro Esmoris, Nélson Jarazo y Pablo Vega, dio por finalizado este mediodía el juicio por los crímenes que tuvieron lugar en la Brigada de Investigaciones de la Policía bonaerense en San Justo durante parte de la última dictadura cívico militar, a los que calificó de delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.
Por los secuestros y las torturas que tuvieron lugar allí; por los secuestros seguidos de muerte y también por los abusos sexuales que sufrieron las personas que pasaron por ese centro clandestino ubicado en el centro de San Justo, los jueces condenaron a 16 de los 17 genocidas de la Policía Bonaerense, el Ejército y el gobierno civil que respondió a la dictadura que llegaron al final del debate oral que culminó hoy. Diez de ellos recibieron condenas a prisión perpetua, entre ellos Miguel Osvaldo Etchecolatz, que ya colecciona varias penas máximas por sus violaciones a los derechos humanos.
Recibieron ese castigo también el médico policial Jorge Vidal, los miembros de esa fuerza Leopoldo Baume, Héctor Carrera y Raúl Carballo, y ex integrantes del Ejército Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Jorge Di Pasquale, Emilio Herrero Anzorena, Carlos María Romero Pavón y Ricardo Fernández, que hasta hace dos semanas estuvo apartado del juicio por cuestiones de salud.
El ex ministro de Gobierno bonaerense de facto, Jaime Lamont Smart, también fue condenado a perpetua. En tanto, los ex policías Rubén Boan, Alejandro Menichini y Ricardo García, y los ex militares Rodolfo Godoy y Roberto Balmaceda recibieron 25 años de prisión como castigo. El ex policía Roberto Félix resultó absuelto. La sentencia llegó dos semanas después de la primera fecha pautada.
El 17 de noviembre, un día antes del día señalado para el veredicto, el tribunal decidió posponer el acto para analizar la situación de Fernández, acusado al que había apartado por supuestos problemas de salud, pero que estaba participando de otro juicio por delitos de lesa humanidad. Los jueces Pablo Vega, Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo lo habían declarado incapaz en agosto pasado, pero hace algunas semanas, y con otra integración, el TOF 1 platense opinó todo lo contrario: le rechazó su apartamiento y lo obligó a presenciar el devenir del debate en el que se lo acusa de crímenes cometidos en el juicio de las Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús. Finalmente, Fernández fue reincorporado y este mediodìa, condenado a prisión perpetua.
El debate por los crímenes de la Brigada de Investigaciones de San Justo se desarrolló durante poco más de 2 años. Comenzó en agosto de 2018. Llegaron a la sentencia 18 represores de la Policía bonaerense, del Ejército –al momento de la elevación a juicio, más de un lustro atrás eran 26– y del gobierno civil de la última dictadura cívico militar, acusados por 84 casos de secuestros, torturas y asesinatos. Durante el debate se sumaron acusaciones por abusos sexuales, “un reclamo histórico ya que el sometimiento sexual como práctica genocida que sufrieron los compañeros y compañeras, sin reconocer género, ni orientación sexual, en todos los Centros Clandestinos de Detención y Exterminio”, apuntaron las querellas en un documento unificado que compartieron minutos antes de la lectura del veredicto.
Durante los más de 2 años de audiencias, testimoniaron más de 100 sobrevivientes y familiares de víctimas. Producto del debate, quedó confirmado que la Brigada de Investigaciones de San Justo no sólo era utilizada como un centro clandestino de detención y torturas básico. El sitio fue, para muchas víctimas, el último lugar en donde se los vio con vida. Además, estuvo coordinado con otros campos de concentración. Constituyó también “un centro de apropiación y distribución de bebes y niños, ya que en la Brigada hubo detenidas desaparecidas embarazadas que luego dieron a luz en cautiverio y niños que permanecieron secuestrados junto a sus padres”, añadió el documento unificado de las partes acusadoras.
Son los casos de María Asunción Artigas, Mónica Sofía Grinspon y Mónica María Lemos, quienes permanecieron detenidas embarazadas en la Brigada de San Justo y fueron trasladadas al Pozo de Banfield. Allì Artigas y Lemos dieron a luz a sus hijas Victoria Moyano Artigas y María José Lavalle Lemos, quienes fueron restituidas en 1988 y 1987, respectivamente.
La Brigada está ubicada en el centro de San Justo y nunca dejó de funcionar como dependencia de la Policía bonaerense, linda con una escuela primaria y secundaria. En ese sentido, las querellas advirtieron que se trató de un campo de concentración y exterminio de la última dictadura “que se caracterizó por gozar de una impunidad absoluta durante su período de vigencia. Incluso, luego de haber finalizado su funcionamiento como campo de concentración, logró que se mantuviera sobre sí un manto de intriga que le permitió hasta hace relativamente poco tiempo atrás, pasar inadvertida y no ser etiquetada socialmente”, remarcaron.
La reacción de las querellas
“Llegar a la sentencia demuestra claramente que el pueblo argentino tiene Memoria. Que seguimos el camino de las Madres y de las Abuelas. Que no nos han vencido. Que los ideales de los 30.000 están más vivos y vigentes que nunca”, celebraron las querellas en un documento en el que unificaron criterios y que leyeron esta mañana en la puerta de los tribunales, durante el último cuarto intermedio del debate oral que se extendio durante poco más de dos años. Definieron la jornada como “un día histórico” precedido de un “agravante y doloroso efecto revictimizante” en relación a la decisión que el Tribunal tomó hace 15 días de suspender la lectura de la sentencia para analizar la reincorporación o no al debate del acusado ricardo Fernández, quien por cuestiones de salud había sido apartado meses atrás, pero en el juicio por los crímenes de las Brigadas, en donde también está imputado, fue declarado en condiciones de participar.
Las querellas denunciaron que la “impunidad biológica de la cual gozan los genocidas por el paso del tiempo sin que se lleven a cabo los juicios en los que se encuentran imputados tiene su contracara: perdemos a nuestros compañeros y compañeras sobrevivientes producto de las consecuencias que al día del hoy siguen padeciendo producto del genocidio”. De los 26 represores del Ejército y la Policía bonaerense imputados en la elevación a juicio de la primera etapa de esta causa, siete no llegaron a sentarse en el banquillo de los acusados: cinco fallecieron antes del comienzo del debate, uno fue declarado incapaz y otro estaba prófugo al comienzo.
También apuntaron contra el trabajo de la Justicia, a la que señalaron de “parcial, fragmentada, desguazada e instruida en base a criterios que niegan el carácter sistemático y planificado” de los crímenes de la última dictadura. Eso, apuntaron, es un “elemento esencial de la revictimización de los sobrevivientes y familiares” de las víctimas de esos hechos. En ese sentido, aunque recordaron que en el juicio que culminó este mediodía “no han sido tomadas en cuenta todas las víctimas que han pasado por la Brigada de San Justo, ni tampoco se han sentado todos los genocidas en el banquillo de los acusados” reafirmaron su “compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia”: “Más temprano que tarde lograremos una nueva instancia de Juicio ‘Brigada de San Justo Dos’”, reafirmaron.
Por último, reiteraron el reclamo de familiares, de víctimas, de los organismos de Derechos humanos, sociales y políticos que busca la desafectación de la Brigada y su constitución en espacio de Memoria “donde todos los compañeros y compañeras converjan en un lugar de abrazo, reflexión, contribuyendo a la formación ciudadana de las jóvenes generaciones, reivindicación y dignificación de la historia de cada uno y de cada una de los compañeros y compañeras que por ese centro clandestino fueron víctimas”.
