La Cámara del Crimen revocó el sobreseimiento que se había dictado a favor del periodista Fernando Niembro por presuntas contrataciones irregulares con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La medida fue dictada por la Sala IV de la Cámara al revocar el sobreseimiento que había dictado el juez de primera instancia Roberto Ponce.
El caso llegó a la Cámara luego de que el fiscal Carlos Velarde apelara el sobreseimiento que había dictado Ponce y considerara que era «prematura» la decisión.
Allí aseguró que la Ciudad abonó a La Usina, productora de Niembro, la suma de 24.718.031 pesos por servicios que su empresa luego tercerizó por 5.644.989 pesos.
La Ciudad pagó a Niembro casi 25 millones de pesos por servicios que él tercerizó luego por poco más de 5 millones
El fallo de la Cámara advierte que «las pruebas producidas hasta el momento impiden descartar que haya existido un fraude en perjuicio del patrimonio de la administración pública o bien otros delitos».
Niembro había sido denunciado por la contratación por parte del Gobierno de la Ciudad de la firma La Usina Producciones S.R.L. «para proveer espacios de publicidad y realizar encuestas de satisfacción durante el período comprendido entre los años 2012 y 2015».
Los jueces Alberto Seijas, Carlos Alberto González y Ricardo Pinto advirtieron que «del cotejo de las facturaciones realizadas por dicha empresa con los pagos efectuados por el gobierno local, se advirtió que existían algunos informados por la administración que no pudieron ser asociados con las carpetas ni con las órdenes acompañadas, cuyo monto ascendería a 4.435.651,06 de pesos».
Las contrataciones que obtuvo Niembro fueron bajo la modalidad de «necesidad» y «urgencia» sin embargo no fue debidamente justificado
«No resulta razonable sustentar que exista plena correspondencia entre las contrataciones que La Usina Producciones S.R.L. llevó a cabo con el ente gubernamental y los pagos que dicho organismo le realizó. Tampoco la conclusión vinculada con la ausencia de sobreprecios en los pagos», dice el fallo.
La resolución establece que las contrataciones fueron celebradas bajo la explicación de un estado de «necesidad» y «urgencia», pero que esa situación «no se encontraba suficientemente justificada».
El caso llevó al periodista a bajarse de su candidatura a diputado nacional por Cambiemos en las elecciones de 2015.
