El oficialismo, que busca darle media sanción el 6 del mes próximo, anticipó que cederá en algunas de las pretensiones opositoras siempre y cuando -enfatiza- a cada concesión se le garantice su correspondiente fuente de financiamiento, para no agravar aún más el rojo fiscal. Por eso será crucial la reunión de hoy en la Comisión de Presupuesto, donde los diputados recibirán a Alberto Abad, jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Abad planteará sin vueltas hasta qué punto son plausibles las propuestas tributarias del Frente Renovador y del Bloque Justicialista, que desafían al Gobierno con que es factible ser más generoso en la suba del mínimo no imponible si se gravaran actividades que hoy están exentas, como la minería, el juego y la renta financiera.
El Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, quiere llevar el piso del impuesto a $ 48.000 en bruto para casados con hijos y $ 34.000 para los solteros. El justicialismo no kirchnerista, de la mano de los diputados Oscar Romero y Diego Bossio, propone un mínimo de $ 60.000 para los casados con dos hijos. Ambas iniciativas distan bastante de la suba acotada del 15% que presentó el Gobierno, con la cual pasarían a pagar este tributo los asalariados que ganen más de $ 21.712 netos sin hijos y $ 25.231 netos para el trabajador casado y con dos hijos menores. El costo fiscal del proyecto es de unos $ 27.000 millones, ya previstos en el proyecto de presupuesto 2017.
En cambio, la propuesta del Frente Renovador tendría un costo fiscal de $ 52.000 millones. Para financiarlo, contempla los $ 27.000 millones del presupuesto y que la diferencia se cubra con nuevos gravámenes, que, según sus cálculos, permitirían recaudar $ 41.200 millones.
Massa propone eliminar la exención vigente sobre plazos fijos superiores a 1,5 millones de pesos, como también la exención que hoy tienen las personas físicas en cuanto a los rendimientos de las letras y notas del Banco Central (Lebac y Nobac) por montos similares a los que se proponen para plazos fijos (1,5 millones de pesos).
El proyecto también contempla la eliminación de la exención vigente sobre los rendimientos de fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión, aunque se mantendrá para aquellos casos en que dichos instrumentos se utilicen para proyectos relacionados con el consumo y la inversión real.
Además, la iniciativa elimina las exenciones vigentes para el reparto de dividendos de grandes empresas, aplicándose una alícuota de 10%, como también la restitución de las retenciones a la minería. Por otra parte, se dispone un impuesto por única vez del 15% sobre la ganancia que se obtuvo por los contratos de dólar futuro gestados en 2015. Por último, propone crear un impuesto a la ganancia extraordinaria presunta sobre el juego, con un gravamen del 10% sobre el capital de las máquinas tragamonedas.
La mirada del PRO
El diputado Luciano Laspina (Pro), presidente de la Comisión de Presupuesto, destaca que el proyecto del Gobierno para modificar el impuesto a las ganancias es "equilibrado y progresista" básicamente porque, después de 16 años, se actualizarán las escalas del tributo. "Ésa es la verdadera progresividad del impuesto, no tanto el mínimo no imponible", enfatiza el legislador, en respuesta a las críticas opositoras por la módica suba del piso del 15 por ciento del mínimo que propuso el Gobierno a partir del cual los asalariados deberán pagar el impuesto.
