El macrismo logró que la causa por espionaje ilegal se investigue definitivamente en los tribunales de Comodoro Py, como pretendían los ex funcionarios investigados. Así lo determinó este viernes la Cámara Federal de Casación Penal en un fallo dividido.
La buena noticia para el macrismo es total ya que la investigación quedará a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli, involucrado en otra causa que tiene conexión con el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.
Como si fuera poco, la jueza a cargo de la causa será María Eugenia Capuchetti, la única magistrada federal nombrada durante la presidencia de Macri. Capuchetti está vinculada a Daniel «Tano» Angelici.
El fallo de la Cámara de Casación se tomó en dos causas que hasta ahora tramitaban en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Juan Pablo Augé. Se trata de la que investiga el espionaje ilegal al Instituto Patria y a Cristina Fernández de Kirchner y otra por el mismo delito contra políticos oficialistas y opositores, sindicalistas y ex funcionarios detenidos.
El máximo tribunal penal federal del país hizo lugar así a planteos de acusados en la causa, como el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas y su segunda Silvia Majdalani.
La decisión se tomó con los votos de Mariano Borinsky y Carlos Carbajo con la disidencia de la camarista Angela Ledesma, quien se pronunció en minoría a favor de que las causas continúen su trámite en el fuero federal de Lomas de Zamora
En el fallo se remarcó que la resolución del conflicto de competencia entre los tribunales de Lomas de Zamora y la ciudad de Buenos Aires «no implica invalidar lo ya actuado ni retrotraer la causa a etapas ya superadas», con lo que se confirmó todo lo actuado por Augé.
En esa línea, Casación convalidó allanamientos hechos por el juez de Lomas al domicilio del secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, que habían sido cuestionados por su defensa. Las pruebas colectadas en la casa de Nieto preocupan especialmente al entorno del ex presidente
Una de las cuestiones a resolver por Capuchetti son situaciones procesales de Arribas y Majdalani, entre otros, ya indagados por Augé.
A la hora de justificar su decisión, Borinsky y Carbajo sostuvieron que «el núcleo del espionaje ilegal investigado» habría sido la ciudad de Buenos Aires. «De la descripción de la plataforma fáctica del caso se desprende que su núcleo se habría cometido en la ciudad de Buenos Aires, sede de la AFI y de los domicilios supuestamente espiados», con algunas ramificaciones en el conurbano bonaerense.
Al ser citados a indagatoria, tanto Arribas como la también acusada ex subidrectora de la AFI se negaron a responder preguntas por considerar que Augé no era el juez natural del caso, que según ellos debía investigarse en la justicia porteña.
