Se confirmó el traslado de Nación a la Provincia y la Ciudad de la jurisdicción sobre Edenor y Edesur
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acordaron iniciar desde este viernes el proceso de traspaso de jurisdicción de las empresas distribuidoras de electricidad Edenor y Edesur, y la creación de un ente bipartito de control y regulación.
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El objetivo es que parte de los subsidios para la tarifa social pase de la órbita de Nación a las cajas de Provincia y CABA, para cumplir con el déficit primario cero que impuso como condición el Fondo Monetario Internacional (FMI) para continuar con el cronograma de desembolsos, que llega hasta u$s 57.100 millones.
El acuerdo suscripto este jueves en la Quinta de Olivos, y del que también participó el secretario de Energía, Gustavo Lopetequi, es resultado del Consenso Fiscal firmado en septiembre en el cual se consensuó que las distribuidoras del Área Metropolitana Buenos Aires pasen a estar sujetas a la provincia y a la Ciudad Autónoma.
Dujovne, Vidal y Rodríguez Larreta acordaron que «a partir del 1º de marzo 2019 se inicia el proceso de traspaso de Edenor y Edesur a la jurisdicción de la Provincia y de la CABA», por medio del cual ambas pasarán a ejercer el poder de policía sobre el servicio público que prestan las concesionarias.
Además de comprometerse a darle «la mayor celeridad a sus trámites administrativos» tendientes a la finalización de este proceso, se acordó «la creación de un ente bipartito de control y regulación del servicio público de distribución eléctrica», y a conformar sus ordenamientos jurídicos para la puesta en macha del nuevo ente.
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Uno de los puntos que se destaca del acuerdo precisa respecto a la continuidad de la tarifa social que «a partir del 1º de enero de 2019, la provincia y la CABA afrontan con recursos propios las erogaciones asociadas» a este beneficio.
Además, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, las concesionarias y el organismo de control bipartito a crearse llevarán a cabo «una auditoría de corte de la situación económico-financiera de las empresas y de la situación operativa y técnica del servicio público a su cargo».
